En el período de cuarenta años entre 1940 y 1980, nuestro México independiente en lo económico, aunque gobernado con autoritarismo (represión estudiantil de 1968), logró un crecimiento promedio anual de seis porciento, y multiplicó el PIB por un factor de diez.
De 1982 a 2012 habrán transcurrido cinco sexenios neoliberales, con una poliarquía consolidada y dependiente de los norteamericanos, que solamente ha logrado un crecimiento promedio de dos por ciento anual, y multiplicó la economía por un factor de dos. El resultado es la mitad de los mexicanos con algún grado de pobreza, una cuarta parte viven en pobreza extrema, y diez millones de trabajadores emigraron a Estados Unidos de Norteamérica. Paradójicamente en los últimos 12 años, estos mexicanos expatriados han contribuido con cerca de 230 miles de millones de dólares en remesas para aliviar la pobreza extrema de los mexicanos.
En sus múltiples iniciativas para apertura de Pemex y de la CFE a la inversión privada extranjera, nuestros gobiernos neoliberales han argumentado que la renta producida por la explotación de los hidrocarburos no se comparte, porque así lo establece la Constitución. También aseguran cumplir el mandato constitucional en el suministro del servicio público de electricidad por parte de CFE.
La matemática más elemental nos dice que la renta de una empresa es el resultado de restar de los ingresos, los gastos. El gobierno federal, apoyado por el congreso y los partidos políticos, ha realizado cambios reglamentarios para repartir gran parte de la renta actual y futura de PEMEX, incrementando los gastos, contratando servicios y deuda muy cara con grandes empresas transnacionales. La paraestatal no ha optimizado los gastos para incrementar la renta y disminuir los precios de los energéticos, y México perdió la oportunidad de beneficiar a cientos de miles de empresas mexicanas y a millones de ciudadanos, consumidores de energía y productos petroquímicos.
En los últimos doce años la estrategia del gobierno federal para PEMEX ha sido de aniquilamiento: Exportó más crudo a la Unión Americana que el que consumió el país, agotando prematuramente a Cantarell y desperdiciando la oportunidad de desarrollar la industria petroquímica nacional. Le sustrajo ocho billones de pesos de los trece que obtuvo de ingresos por ventas, y le dejó recursos solamente para mal operar la empresa; contrató deuda a 20 años por 2 billones de pesos para atender las inversiones requeridas para incrementar la extracción de crudo, mediante el muy caro esquema Pidiregas, que aplica una tasa anual de descuento superior al 10% en dólares. Importó petrolíferos con un costo por refinación de 34 miles de millones de dólares, monto suficiente para haber cubierto la inversión en dos refinerías de alta tecnología, dejar de importar gasolinas, activar la economía interna, el empleo y la captación de impuestos. Designó como directores de la paraestatal a funcionarios que creen que su principal objetivo es privatizar la industria petrolera, y desconocen cómo administrar eficazmente esta macro empresa, propiciando un mayor paternalismo sindical que impide el aprovechamiento de 140,000 trabajadores. La reforma energética del 2008 permite mayormente el acceso de las trasnacionales en la explotación de los hidrocarburos y la apropiación de la renta petrolera.
La electricidad en México es cara porque el sector eléctrico tampoco se ha administrado para beneficio nacional: Los robos de energía implicaron pérdidas en los últimos 12 años de 230 miles de millones de pesos. Se maquila electricidad cara con empresas extranjeras a una tasa de descuento de las inversiones a 12.5% anual en dólares. CFE ha establecido contratos a largo plazo con empresas trasnacionales, para comprar gas natural licuado (GNL) a precios internacionales y no ha aprovechado la opción de adquirir directamente este energético. Hasta el 2009 PEMEX enviaba diariamente a la atmósfera más de 1,000 millones de pies cúbicos de gas natural, cantidad muy superior a la importada. La generación con carbón nacional resultaría bastante más barata, utilizando sistemas anticontaminantes y tecnologías modernas, para aprovechar reservas existentes en la Región de Sabinas Coahuila y operar 12,000 Megawatts durante 30 años. La expansión del sistema de transmisión y distribución beneficia a grandes empresas trasnacionales que financian con tasas de descuento en dólares al 10% anual; desaparecieron cientos de empresas mexicanas medianas en contratos de obra pequeños, ante la embestida de grandes consorcios de construcción. Se creó un mercado de electricidad paralelo al de CFE con una venta disfrazada de las empresas extranjeras, que conjuntamente con su asociado se apropian de los remanentes de CFE perjudicando a todos los demás usuarios que ven incrementadas sus tarifas. La exportación de electricidad a la Unión Americana, que debiera atender CFE para beneficio de México, es una rentable concesión otorgada a los inversionistas extranjeros. El potencial de producción de electricidad eólica es de 12,000 Megawatts, y CFE podría generar a la tercera parte del costo respecto de utilizar combustóleo; el gobierno decidió conceder a las trasnacionales este negocio y ya tienen autorizados para el 2015 más de 2,000 Megawatts eólicos. Además el gobierno federal subsidia las tarifas agrícola y doméstica de bajo consumo, sin reintegrar esos recursos a la CFE.
Mayor apertura en la explotación de los energéticos sería una política suicida para el país, porque entregaríamos a las empresas extranjeras la renta que produce. Tengamos presente que la distribución de gas natural en Monterrey se privatizó en el año 1998 y la transnacional española que ganó el concurso se comprometió a mantener un precio de la distribución de $0.32 por metro cúbico: actualmente el precio por la distribución en términos reales se ha multiplicado por 5.
La explotación de los recursos energéticos para beneficio de los mexicanos es un mandato constitucional. La petroquímica nacional puede ser pilar para el crecimiento sostenido de nuestra economía. También es importante lograr la independencia energética nacional: Las políticas de apertura han derivado en sobrexplotación de las reservas de crudo, importación de la mitad de las gasolinas que consume el país, y generación de un 40% de la electricidad por parte de empresas extranjeras. Los candidatos a la presidencia que promueven mayor apertura de CFE y Pemex, desconocen el daño que implicaría para México.
Monterrey N.L. 24 de junio de 2012.
Ing. José Luis Apodaca Villarreal, Ingeniero Mecánico Electricista egresado de la UANL y con Maestría en Administración para la Calidad de la UDEM. Jubilado como Gerente General Divisional de Comisión Federal de Electricidad, después de laborar 32 años en diferentes áreas de esta empresa. En los últimos años ha sido maestro universitario, asesor en el Congreso y Cámaras de Industria, microempresario y consultor en las áreas de calidad y ahorro de energía, y analista en aspectos nacionales de energéticos. Es miembro fundador del Observatorio Ciudadano de la Energía, A.C., y de la Fundación SESGO y no pertenece a ningún partido político.
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