La cámara de diputados aprobó los ingresos del gobierno federal para 2014 con un monto total de 4.4 billones de pesos, superior en 13% al correspondiente a 2013. En impuestos se recaudarán 1.6 billones, Pemex aportará adicionalmente 0.8 billones, se endeudará el país con 0.6 billones y el sector paraestatal, Pemex, CFE e IMSS, ingresará 1.4 billones por ventas de bienes y servicios.
La carga impositiva de nuestro país en IVA e ISR continuará en diez por ciento del PIB, (Brasil y la Unión Americana recaudan en proporción a su PIB tres veces más), porque en México los grandes consorcios nacionales – extranjeros, y la economía informal, cubren tasas impositivas mínimas o inclusive nulas. Antes que afectar a este privilegiado segmento de la economía con una reforma fiscal efectiva, se decidió contratar más deuda que habrá de alcanzar un monto acumulado de cinco billones de pesos.
Esta política fiscal regresiva ha determinado salidas importantes de recursos al extranjero y una concentración de la riqueza nacional, derivando en 60 millones de mexicanos en situación de pobreza, y la mitad de ellos con grado de extrema. En los últimos dos sexenios, se destinaron para cubrir el elevado déficit fiscal 8 billones de pesos de la renta petrolera generada por Pemex, y no se financió infraestructura, ni desarrollo del mercado interno, ni promoción del empleo, lográndose nulo crecimiento del PIB per cápita.
La iniciativa de ley de ingresos de 2014 incluyó una mini reforma social y hacendaria que pretendía recaudar 0.24 billones de pesos adicionales y se ajustó por los diputados en 0.18 billones, ante las inminentes protestas de la clase media, principalmente afectada. El PRD se mostró satisfecho de evitar la aplicación del IVA a alimentos y medicinas, aunque se afectó finalmente con incrementos en impuestos equivalentes, a la misma población base cautiva. El PAN por su parte se opuso a la mayor carga impositiva, considerándolo inconveniente por la fuerte caída que se observa en el crecimiento económico de este año, indicador eficaz de la crisis que se avecina.
Ni los legisladores ni el ejecutivo plantearon ajustes en los gastos de la gran burocracia nacional, para evitar el progresivo endeudamiento. Aunque el presupuesto de egresos se publicará hasta finales de año, el ramo administrativo que incluye todas las secretarías de estado dispondrá de un billón de pesos y multiplicará en términos reales por 2.3 lo erogado en el año 2000. El IFE y los poderes legislativo y judicial gastarán 70 miles de millones de pesos, con un multiplicador de tres respecto al 2000, ya descontando la inflación. (Cada senador le costará al erario 30 millones de pesos por año, y cada diputado 12).
Para el ramo general, que comprende seguridad social, educación y participaciones a estados y municipios, erogarán casi 1.6 billones, habiéndose multiplicado por 1.7 el monto en términos reales respecto del año 2000, descontando la inflación y el crecimiento de la población en este período.
A la deuda del gobierno federal se aplicarán 0.3 billones de pesos, y no informan si pudiera renegociarse la deuda Pidiregas de Pemex y CFE de 100 miles de millones de dólares (MMD), por la que habrán de liquidarse en 25 años 300 MMD a tasas de interés anual mayor del 10%.
El riesgo mayor sobre la precaria situación financiera del gobierno federal, es que en breve se presentará una reforma energética que privatizará la renta que produce Pemex, que ha significado transferencias anuales al gobierno federal por 800 miles de millones de pesos (MMP). Además también se transferirán 85 MMP de los ingresos de CFE a favor de empresas privadas en su mayoría extranjeras, permitiéndoles autoabastecer a 300 miles de usuarios grandes, lo que obligará a subsidiar las tarifas de los restantes 37 millones de usuarios pequeños.
Con una reforma fiscal ineficaz que recauda solamente un diez por ciento del PIB, y una reforma energética que transfiere legalmente a las trasnacionales la renta petrolera y eléctrica, el gobierno federal va directamente a la quiebra y será incapaz de hacer frente a sus compromisos de apoyo social, subsidios, pensiones, empleo de la burocracia, y de pago de la deuda.
Los senadores y diputados federales, deberán recapacitar y estudiar con profundidad la trascendencia de su decisión sobre la reforma energética, y rechazar la modificación de los artículos 27 y 28 de La Constitución. También es urgente plantear una reforma fiscal efectiva.
Monterrey N.L. 22 de octubre de 2013.
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