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Narcopolítica mexicana

EL ANTECEDENTE DE COLOMBIA.– Hace apenas unos días, un periodista de la Cd. de México entrevistó en Colombia a Gilberto Rondón González, quién es magistrado del Consejo Nacional Electoral, equivalente al IFE en México, quién señalaba la muy alta posibilidad de que el dinero sucio del narco estuviese permeando a las campañas electorales, tal como sucedió en Colombia durante los años ochentas y noventas. Según Rondón, en su país existe una gran preocupación por lo que vive México ahora, ya que en Colombia sucedió un fenómeno similar al que empezó en México hace 4 años y la cifra de muertos ya alcanza los 30 mil, mientras que en su país esa cifra apenas se alcanzó después de casi 14 años, cuando se empezaron a realizar algunos cambios en la normatividad jurídica que fueron muy eficaces.

En 1991 se retiró la inmunidad parlamentaria y ahora los legisladores y funcionarios públicos pueden ser investigados y juzgados por la Corte de Justicia, además de que existen penas de 40 a 50 años de prisión a los gobernadores a quiénes se les descubran vínculos con el crimen organizado. Otra acción que ayudó mucho a evitar la infiltración del narco en la política fue la llamada ‘silla vacía’, en la que la curul que ocupaba el legislador acusado se pierde también para su partido político, sin el derecho de designar a otro. Según Rondón, 70 de los 267 congresistas de la legislatura anterior se encuentran en prisión y otros 70 están sujetos a procesos judiciales.

NARCOPOLITICA EN MEXICO.- En nuestro país todo mundo sabe que existe un alto grado de participación de la economía criminal en el sistema político, pero es un tabú mencionarlo, tanto en los medios como en el discurso político de legisladores y de funcionarios públicos ya que tiene implicaciones muy graves que pueden ir hasta la muerte violenta. El mismo presidente Calderón dice que no cuenta con elementos jurídicos para señalar a nadie en particular, a pesar de que es obvia la protección y favores de muchos políticos a los narcos, quiénes buscan alcanzar el poder y conservar e incrementar sus ganancias políticas.

Esta fuerte infiltración del narco propicia el fracaso de la mayoría de los operativos federales, ya que los mecanismos para eludir esta problemática ocasionan un costo muy alto para el Estado, además es evidente que al golpear a los narcopolíticos se ataca a las estructuras partidarias, se rompen acuerdos en las Cámaras y se crea una mayor inestabilidad en el sistema político. Por lo que hasta ahora, Calderón no se ha atrevido a apresar a ningún político importante que tenga ligas con el narco, aún cuando existen claras evidencias de que esos vínculos existen.

Es muy probable que si Calderón realizara ahora esas denuncias debilitaría a los grupos políticos y candidatos que buscan prematuramente la sucesión presidencial, por lo que está guardando esas acciones para una fecha más cercana a las elecciones del 2012, para no dejarles margen de maniobra a sus opositores, tal como sucedió en el 2006. Pero al margen de las estrategias que implemente el Poder Ejecutivo para combatir a la narcopolítica, existen varios factores internos y externos que inhiben sus acciones y no permiten pronosticar un futuro halagüeño en el corto plazo para este complejo y cruento fenómeno de índole global.

Por una parte, los funcionarios públicos de todos los niveles fingen ser ajenos al fenómeno de la economía criminal y buscan por todos los medios, transferir la grave responsabilidad de la seguridad pública a los organismos policiales y judiciales encargados de delitos federales. Y a partir de fines del 2006 al Jefe del Ejecutivo quién se auto ungió como Gran Jefe de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el narco, al margen de la normatividad Constitucional y con los pésimos resultados que son conocidos en todo el mundo.

EL AMBITO DE LOS PARTIDOS POLITICOS.- Aunque los partidos políticos vienen a ser el origen de las instituciones del Estado mexicano, no cuentan con normas internas que eviten que las bandas criminales y los narcos sigan penetrando en el sistema político, sino que eluden su responsabilidad y de forma cínica apenas hablan de ‘vigilar’ sin un sistema específico a quiénes se postulan a puestos públicos. Ahora mismo, todos los partidos políticos de México han debilitado sus mecanismos de selección de candidatos y han aceptado a postular a personas con antecedentes poco claros, con financiamientos abiertamente ilegales o de origen dudoso.

El PRD es el único partido cuyos estatutos contienen mecanismos para vigilar los perfiles y antecedentes de sus candidatos y evitar infiltraciones de la economía criminal. Estos estatutos – todavía algo genéricos – apenas fueron aprobados en el congreso nacional de hace unos días. En lo que concierne al PRI, no cuenta con mecanismos oficiales para la vigilancia de sus candidatos y aunque hace varios meses, su dirigente nacional, Beatriz Paredes prometió enviar una iniciativa de ley para cuidar a sus candidatos de financiamientos dudosos y vigilar minuciosamente a aquellos candidatos ligados al crimen, todo ha quedado en retórica y nada se mencionó el pasado mes de Septiembre en la más reciente asamblea nacional del PRI.

Tampoco el PAN tiene controles para evitar la infiltración del narco y apenas si ha creado mecanismos muy poco eficaces para descartar a candidatos indeseados, como son los casos de candidaturas a diputados y alcaldes, dónde solo se permiten a militantes panistas y en rarísimas excepciones se aceptan candidaturas externas o de otros partidos asociados. Pero en todos los partidos existe una total indolencia para atacar los problemas de la narcopolitica, a pesar de que la nación está a borde del fracaso como Estado democrático y republicano.

Ningún partido político intenta crear controles científicos y serios en sus candidatos, sino que de forma indolente transmiten esas responsabilidades al IFE, que obviamente carece de la capacidad física para detectar a los infiltrados del crimen durante los períodos electorales. Si acaso llega a suceder será hasta que concluyan los procesos electorales y se inicie la revisión de gastos de campaña que se lleva a cabo después de las elecciones, cuando los candidatos ya han sido electos y por lo general ya cuentan con fuero.

LA NARCOPOLITICA ES UN TABU.- El pasado 18 de septiembre, cuando Calderón convocó a los´líderes de los partidos a una comida en Los Pinos, a la que no asistieron el PRD, PT y Convergencia, nadie se atrevió a tratar el tema de la narcopolítica con excepción de Alberto Bengé, dirigente saliente de Alternativa, quién dijo que la narcopolítica no se acabará mientras persistan la impunidad y la corrupción que se han infiltrado a todos los niveles de poder. Aunque todos dieron una aprobación tácita a su idea, nadie expresó ningún propósito o idea para enfrentar ese problema.

CONCLUSIONES.- Considerando las experiencias de Colombia, ha quedado plenamente comprobado que las acciones policiales y militares son totalmente inútiles y sólo generan más violencia y muertes de personas inocentes. Una fórmula posible para México podría ser: 1.- Retirar a las Fuerzas Armadas de la supuesta lucha contra el narco, devolviendo todas las acciones jurídicas al ámbito del Poder Judicial y a la Inteligencia todas las acciones contra la economía criminal, tal y como se hace en todo el mundo. 2.- Reconstruir la estructura de los partidos políticos, exigiendo normatividades muy estrictas para la selección de candidatos. 3.- Crear otra Corte de Justicia en paralelo a la existente que sea electa con procedimientos en los que sólo participe la ‘sociedad civil’ para que pueda juzgar a los funcionarios públicos de todos los niveles, incluyendo al Poder Ejecutivo y a delincuentes de otros países que realizan delitos en México. 4.- Retirar la inmunidad parlamentaria y el fuero de todos los niveles de funcionarios públicos.

AUTONOMÍA Y SOBERANIA .- Todas las propuestas anteriores son ahora posibles con una mínima capacidad de negociación del Jefe del Ejecutivo y de las dirigencias partidarias, pero México necesita al mismo tiempo recuperar su autonomía y soberanía, tanto para elaborar su política interna, como para volver a construir una política hacia el exterior, pero sobre todo para implementar una estrategia económica, de salud, de educación, de inversiones del Estado, de sustentabilidad y de disposición del ingreso nacional, de acuerdo a los intereses nacionales y no los que le impongan los Estados Unidos.