Con el reciente regreso del PRI al eje central del poder político federal, el experimentado instituto político ha ido tomando poco a poco el control de todas las decisiones políticas, económicas y sociales en todos los rincones del País. Para ello ha actuado, como siempre lo hizo en el pasado, sin adoptar cambios radicales sino con rápidas adaptaciones a las circunstancias actuales instalando a los medios de comunicación masiva que patrocinaron su campaña política como el eje central del nuevo, pero igualmente férreo, control político para tratar de lograr el acallamiento de las voces críticas y de la libertad de expresión en términos generales.
Cuando surgió el movimiento zapatista (EZLN) en 1994 se llegó a pensar que ‘el internet’ podría llegar a ser una herramienta fundamental para el cambio político del País y aún más cuando en el año 2000 subió al poder el PAN y la población con acceso a la red alcanzó cerca de un 40% del total. De hecho, esta expansión brutal del internet fue la que propició el triunfo electoral de López Obrador en el 2006, aunque el mismo Gobierno panista lo haya quitado de la escena mediante un fraude mayúsculo orquestado por funcionarios públicos del Gobierno federal al servicio de los poderes fácticos nacionales apoyados por Washington.
Con Felipe Calderón en el poder y utilizando el poder del internet se inició la absurda y fallida guerra contra la economía criminal, basada en la estúpida idea de que el tráfico de drogas era la principal fuente de ingresos de las mafias nacionales, cuando solo era una de las 26 diferentes actividades de la economía criminal que según Buscaglia, el experto en la materia de la ONU existen en México, además de que se había extendido a cerca de 20 diferentes países del mundo.
A la par de esta errónea estrategia de Calderón para combatir a la economía criminal, su Gobierno utilizó al internet como una válvula de escape a la opinión pública disidente, mientras la enfrentaba a los diferentes gobiernos estatales, ya fueran del PAN o de los demás partidos políticos hasta finalizar su fracasado ejercicio sexenal dejando al País hundido en una crisis financiera, del sistema educativo, de salubridad y de seguridad pública como nunca había existido en el pasado.
Ya en la campaña de Peña Nieto surgieron los escándalos de los ‘likes’ comprados para ‘facebook’ y los ejércitos de usuarios a sueldo que se denominaban ‘activistas’ generando falsas opiniones en las redes sociales y cerrando con las millonarias operaciones en ‘twiter’ de los ‘Peñabots’ que se dedicaron a apoyar las cuentas de campañas y a censurar a los ‘hasthags’ de la oposición.
Según John Paul Verkamp y Miavi Gupta de la School of Informatics and Computing de la Universidad de Indiana, en China, en Rusia, en Siria y en México se han usado los ‘bots’ en forma masiva para acallar a los disidentes, mientras los estudios más serios en México señalan que Peña Nieto perdió la contienda en internet y en las redes sociales en general.
Aparentemente, debido a estos fracasos anteriores con internet, en el primer año del Gobierno de Peña Nieto han surgido una infinidad de propuestas legislativas para tratar de acallar las disidencias en las calles con reformas al artículo 362 del Código Penal en el Distrito Federal, la Ley Antiprotestas y el Código Nacional de Procedimientos Penales en el Congreso Federal, La Ley Sobre Manifestaciones en Jalisco, la Ley Borge en Quintana Roo y la Ley de Manifestaciones Públicas en San Luis Potosí.
También se detuvieron y torturaron a tres activistas digitales en Puebla antes de la fiesta del 5 de mayo, se censuró el blog de Maritza Díaz, ex pareja de Peña Nieto, se intentó hostigar a la ‘difamación’ de políticos en redes sociales de Nuevo León, se amenazó a Alberto Escorcia de @Yo Soy Red y a las cuentas de correo de Lydia Cacho. Por fortuna, el grupo de activistas digitales Contingente Mx envió un documento a a Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que se abordase el tema del espionaje de Estados Unidos y de otros países y solicitó al Gobierno de México apoyar la declaración conjunta sobre Internet en la OEA lanzando una campaña sobre los 13 principios fundamentales de vigilancia en internet.
Por su parte el organismo ‘Propuesta Cívica’ demanda al IFAI esclarecer la compra de programas de vigilancia en internet e ‘internet para todos’, logrando la inclusión del acceso a internet como derecho constitucional y la lucha por el debate actual sobre las telecomunicaciones. Asimismo ‘Yo amo Internet’ e ‘Internet libre’ buscan crear conciencia sobre un internet abierto. No obstante, la reciente iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que presentó Peña Nieto plantea justamente una clara restricción para el uso libre del internet.
1.- La nueva propuesta pretende establecer la forma de operar de las autoridades y de las empresas en este nuevo sector de las comunicaciones, sin hablar en absoluto de los derechos de los ciudadanos en general.
2.- No se especifica como se logrará un mayor acceso de los ciudadanos a internet, ni se establecen sistemas para que puedan acceder al sistema quiénes tienen menos ingresos. Además Peña Nieto pretende regalar 14 millones de televisores digitales controlados por Sedesol, como un soborno para que los 50 millones de pobres (una televisión por familia) apoyen la ‘nueva ley’ de telecomunicaciones.
3.- Según el artículo 146 de la ‘nueva ley’ las autoridades que presten el servicio de acceso a internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los sectores del mercado y clientes, haciendo diferencias entre los niveles de ‘capacidad’ de velocidad y de calidad. No hay protección de ningún tipo para usos no comerciales, poniendo en peligro los principios fundamentales para la generación de conocimiento y compartir o expresar ideas que constituyen la base fundamental del internet.
4.- En materia de vigilancia la ‘nueva ley’ propone en su artículo 189 que ‘Los concesionarios de telecomunicaciones y quiénes estén autorizados están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación a solicitud de los titulares de las instancias de seguridad o de los servidores públicos a quiénes se delegue esta facultad’ . De modo que no solo las autoridades federales, sino también las estatales – algunas de ellas cooptadas por los criminales profesionales – tendrán la anterior facultad.
5.- El Gobierno Federal determinará lo que es legal y quiénes y cuando pueden navegar en internet según el artículo 145. La ley es determinada por los Gobiernos y no por los jueces como sucede en casi todo el mundo democrático.
6.- Según el artículo 197 de la ‘nueva ley’, las autoridades podrán bloquear, inhibir o anular en cualquier momento las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares considerados ‘críticos’ para la seguridad pública y nacional a petición de las autoridades competentes, lo que está en contra del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de defenderlos, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’.
Es por demás obvio que el internet es capaz de transformar las condiciones de injusticia y de ampliar el campo de la conciencia moral del ser humano. Como también es obvio que el actual Gobierno de México pretende tener el control de los mexicanos a través de la tecnocracia a su servicio.
(Imagen tomada de Internet / Derechos reservados por el autor)