A raíz de los innumerables eventos legislativos para lograr la legitimación de un estado policial en México, del control total de sus riquezas naturales y de sus territorios por ricos empresarios nacionales y extranjeros asociados con ex funcionarios mexicanos de alto nivel en Pemex y en la Secretaría de Hacienda empecé a escribir algunos análisis periodísticos, claramente documentados sobre el inexplicable aumento de la deuda pública externa de México, cuando los informes oficiales señalan que no se han aplicado ni siquiera el 80% de los presupuestos federales que ya habían sido aprobados en el año y medio de gestión de EPN. Existe además un terrible acto de traición a la Patria en la Contrarreforma Energética que se está aprobando en el Senado en una operación de ‘fast track’ aprovechando la distracción general que está ocasionando el campeonato de futbol en Brasil.
Grande ha sido mi sorpresa al encontrar que aún personas con educación universitaria y con involucramiento en las operaciones tecnológicas con hidrocarburos no están enterados, ni siquiera de manera superficial, sobre la infinidad de maniobras que han hecho las autoridades federales desde hace más de 20 años para legitimar la entrega de todos los patrimonios nacionales a un pequeño grupo de pillos liderados por Carlos Salinas y Aspe Armella, además de algunos de los altos ex dirigentes de Pemex en sociedad con empresarios norteamericanos en el campo de energéticos.
La parte más grave de esta traición a la nación mexicana se inicia desde el sexenio de Salinas, cuando se empezaron a adjudicar contratos de explotación petrolera y de producción de energía eléctrica a empresarios privados que formaban parte de su séquito o de su enorme conglomerado de empresas públicas que él privatizó, convirtiéndolo en el ex presidente más rico del mundo que goza de total inmunidad. Poco después vino Ernesto Zedillo, quien fue seleccionado por Washington y le impuso en 1995 a México el pasivo más fraudulento e injusto del mundo con el famoso préstamo de Pidiregas, mediante un acuerdo en el que México tendría que pagar la deuda a muy largo plazo y capitalizando los mismos altos intereses que existían entonces, por lo que ahora México debe más de lo que debía en el momento del contrato de la deuda y tiene un acuerdo – escondido – con EUA para entregar 7 de cada 9 barriles de petróleo producidos en Cantarell a un precio irrisorio estipulado en ese año de 1995.
Es tan bajo el precio del petróleo en ese acuerdo que según los reportes de la SHCP del año pasado, la venta del 80% del petróleo mexicano a USA produjo menos utilidades al País que la venta de solo el 12% de ese petróleo a la India. Pero todos los presidentes de México, panistas y priistas que han sucedido a Salinas y a Zedillo se han dedicado casi exclusivamente a esconder esas cifras y los activos nacionales en fideicomisos y en inversiones secretas en paraísos fiscales o en naciones como Luxemburgo, donde no hay acceso a las autoridades financieras globales. De manera similar se han creado instrumentos financieros maléficos para ocultar la enorme suma de deuda interna diferida como los pasivos del ISSSTE, del IMSS, de Fobaproa, de los empleados del Ejército, los pagos de liquidaciones a todos los trabajadores de la burocracia federal, de los maestros y de todas las empresas del sector público.
A tal grado que el total de las deudas externas e internas del Estado más las del sector privado alcanzan los 1.3 billones de dólares contra un pib nacional que redondea los 800 mil millones de dólares según el último reporte del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Esta cantidad crece para ser casi el doble del pib si se añaden los más de cien mil millones de Pidiregas y de otros pasivos ocultos que los gobiernos panistas decidieron no incluirlos como parte de la deuda pública para tratar de conservar una buena imagen crediticia de México en el extranjero. Es casi la misma situación que abruma a la mayoría de las naciones europeas y a los Estados Unidos, con la gran diferencia de que en esos países no se ocultan los datos y tampoco existe una población tan enorme de ciudadanos en condiciones de pobreza extrema cuyas cifras siguen ocultándose a los mexicanos aunque sean conocidas en el extranjero.
Ha sido tan efectivo el sistema de noticieros que eluden los temas nacionales y de informes totalmente falsos del duopolio televisivo que se ha hecho creer a los mexicanos que con la explotación por empresas privadas de los yacimientos de petróleo y gas shale que existen en México se puede aumentar considerablemente el empleo y mejorar el ingreso per cápita de la población, cuando apenas hace un año la Agencia Internacional de Energía de los Estados Unidos publicó el fracaso rotundo en la mayor zona de explotación del Marcellus Shale en los Montes Apalaches ubicados en el Estado de Pennsylvania donde se perforaron más de 500 mil pozos desde 1998 utilizando la mano de obra de solo 800 mil trabajadores en 15 años y destruyendo una de las regiones agrícolas más prósperas de los Estados Unidos.
Es incomprensible que el Gobierno de Peña Nieto, quién dice que podrá construir 30,000 pozos por año durante lo que resta de su mandato real de cuatro años, considere esta gran mentira como una solución para la economía de México que requiere crear por lo menos un millón de nuevos empleos por año. Además las regiones con roca de esquisto que existen en México están muy cerca de zonas urbanas y carecen de agua para su explotación por fracking. No obstante la dimensión brutal de esta mentira del Gobierno Federal, no ha surgido aún en México – con la honrosa excepción del periódico ‘La Jornada’ y la revista ‘Proceso’ – ningún organismo o particular que denuncie este descomunal engaño para convertir a México en una colonia de Estados Unidos perfectamente legalizada.
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