En el artículo 27 de la Constitución Política Mexicana se expresa textualmente que “el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación y el uso de los recursos de que se trata por los particulares o por las sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni substituirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”.
No obstante la claridad de esta ley constitucional vigente, el proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos elaborada por el actual Senado de México encabezado por los senadores Penchyna del PRI y Gracia del PAN concede todo tipo de facilidades a los operadores de explotación, extracción y transporte de petróleo, señalando que estas actividades serán preferenciales sobre cualquiera otra que requiera del aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectados. Y les otorga la máxima prioridad en el uso del suelo, de modo que el actual proyecto del senado pretende una nueva expropiación petrolera justo al revés de la realizada por Lázaro Cárdenas en 1938 que otorgaba al pueblo la propiedad de los territorios nacionales.
No existe la menor duda de que este proyecto de contrarreforma petrolera se realiza en favor de las empresas privadas nacionales y extranjeras y en contra de la nación, de sus pobladores, de la economía nacional y de todas las instituciones del Estado. Y tendrá un efecto contrario al de Lázaro Cárdenas en cuanto a la integración, el desarrollo económico y la soberanía nacional. Parece que el grupo en el poder, o quiénes lo manipulan pretenden convertir a México en un vasto campo petrolero y su territorio no aceptará que se realice ninguna otra actividad, ya sea agrícola, pecuaria, minera o turística, por lo que el uso y propiedad del territorio nacional quedará supeditado a los requerimientos y decisiones de las empresas que manejen los hidrocarburos. Lo que es sin duda una decisión absurda del Gobierno de Peña Nieto y constituye una total traición a la nación mexicana.
Por si esto no fuese poco, la nueva Ley Orgánica para Pemex señala en su artículo 44, inciso VII que en caso de controversia entre Pemex y la empresa que firmó el contrato relacionado con la licitación, adjudicación o ejecución de contratos incluye, entre otras opciones, la del arbitraje de ‘tribunales arbitrales internacionales’. Algo totalmente injustificado ya que se trata de problemas nacionales y las empresas contratadas deben estar constituidas por las leyes mexicanas.
Es obvio que se trata de favorecer a las empresas transnacionales que sin esta condición no invertirían en México. Ya que existen los antecedentes de la empresa Repsol que compra gas a Perú para triplicar ese precio en la reventa a México y lo que ahora se pretende es legalizar ese tipo de fraudes internacionales. Para colocar la cereza en el pastel, en el artículo 45 de la nueva Ley se permite adjudicar, sin concurso o licitación estos famosos contratos.
Para que nadie pueda intervenir en estos maléficos acuerdos, el organismo de control que dependerá del Congreso de la Unión será omitido entre los que deben vigilar estos procesos. De modo que todos quienes los controlan dependerán del ejecutivo y o serán nombrados por él. Además existe otro recurso para los funcionarios que vigilan el proceso de licitación, ya que pueden calificarlo como una acción ‘reservada’ o ‘confidencial’ y así dificultar más la acción de los medios jurídicos. También se señala que los contratos pueden durar por más años que la legislación vigente.
Es obvio que los poderes fácticos que controlan al Gobierno de Peña Nieto son quienes le han instruido sobre toda esta farsa legislativa para propiciar que fluyan las inversiones en la explotación de hidrocarburos hacia México, sin importarles que todas las demás actividades económicas del País queden paralizadas como sucede hasta ahora, ya que quienes invertirán serán en su mayoría empresas extranjeras familiarizadas con la explotación de hidrocarburos que ya poseen tecnología propia y saben que a final de cuentas vendrán a destruir un país ajeno sin que existan leyes o reglamentos que llegasen a juzgarlos y procesarlos por sus violaciones a la ecología de México o por las muertes que ocasionarán por la contaminación de las aguas nacionales y la destrucción de los escasos campos agrícolas y pecuarios del país.
Como México se ha convertido en un país policial, en el que todas las formas de expresión libres están siendo aplacadas por el Gobierno, es muy probable que el Senado logre aprobar estas leyes en ‘fast track’ aprovechando que toda la población y los medios masivos estarán pendientes de lo que ocurra en el Campeonato Mundial de Futbol en Brasil y en unos cuantos meses más México ya no será dueño de su propio territorio.
Es obvio que se incrementarán los 52 millones de mexicanos en estado de pobreza extrema y que la economía criminal tomará control de mayor número de regiones en el País y dará ocupación a un mayor número de jóvenes sin educación y que México tendrá que aumentar sus importaciones de alimentos básicos, de electrodomésticos fundamentales y de aparatos digitales de alta tecnología.
Así podrán los mexicanos seguir en contacto con sus familiares ricos que se instalarán en el extranjero y seguirán denostando a quienes tienen la piel más obscura y a quiénes por no haber enviado a sus hijos a universidades extranjeras o nacionales privadas siguen sin trabajo y sin futuro alguno.
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