En el informe oficial de la las operaciones trimestrales de la SHCP que emite el Banco de México se puede encontrar en un pequeño cuadro en el extremo derecho inferior de la página 70 que la deuda total del Gobierno Federal al 30 de septiembre del 2012 asciende a 4,162, 447 millones de pesos. Los que convertidos en dólares a una paridad de 13 pesos por dólar darían una cifra redondeada de 320,000 millones de dólares. Esta cifra señala un crecimiento de sólo 11,000 millones con respecto al reporte del 30 de junio, por lo que permanece muy lejos de la cifra de 425,000 millones que señalaba en días pasados el Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado David Penchyna.
Debido al silencio al respecto de todos los medios informativos sobre esta diferencia aproximada de 100,000 millones de pesos señalada por el senador Penchyna y a que coincide en forma casi exacta con la deuda diferida de Pidiregas, eso permite suponer que este pasivo fue restado del total de la deuda pública del Gobierno Federal por una decisión de Calderón, dentro de una maniobra de aparente legalidad constitucional por la que convirtió a Pemex, la única deudora de los créditos de Pidiregas, en una empresa autónoma, cuyos actos administrativos, funcionarios y decisiones son completamente ajenos al Gobierno de México, a pesar de que esta empresa ha proporcionado gran parte del gasto burocrático de los dos gobiernos panistas y es el único activo que sustenta la capacidad crediticia de México en el extranjero.
Será muy difícil llegar a saber si la preocupación del Senador Penchyna por la desaparición de los 100,000 mdd del crédito diferido a Pemex fue producto de la desinformación o colusión del Senado sobre la maniobra jurídica de Calderón en relación a la deuda de Pemex; si desconoce la existencia de los fideicomisos de Pemex en paraísos fiscales, donde no se les puede cobrar ninguna deuda, o si forma parte de una estrategia del nuevo Gobierno y de los poderes fácticos que lo eligieron, para deshacer los acuerdos con el PAN mientras lograban instalar en el Poder a Peña Nieto.
Lo más grave del asunto es que no se conoce en realidad donde fueron aplicados esos 100,000 millones de dólares de deuda adquirida por la nación mexicana y desaparecida mediante una maniobra legaloide, de forma similar a las fortunas extraídas de los fondos de los trabajadores del IMSS y del ISSTE por el Gobierno Federal durante los tres primeros años del sexenio de Calderón, cuando aún no tenía el control político del Congreso.
Todo puede ser posible, desde su empleo en las costosas operaciones del Ejército y la Marina en la frustrada y cruenta persecución de los grupos criminales en territorio mexicano, en los dispendiosos estipendios de la profesora Gordillo después de hacer triunfar a Calderón en el 2006, en las peligrosas instalaciones de almacenes de gas comprimido a altas presiones en la costa del Pacífico para dar servicio a la marina norteamericana y para poder instalar a las gaseras españolas que dan servicio a la CFE y a la gran cantidad de plantas eléctricas de particulares nacionales y extranjeros, en las maravillosas oficinas e instalaciones de la CIA en la ciudad de México, en las obras ostentosas para la celebración del Centenario de la Independencia, en la millonaria compra de votos para el PRI en las pasadas elecciones y en la infinidad de eventos de relumbrón internacional para ostentar su total obediencia y respeto a la nación norteamericana.
El hecho real es que el Gobierno de Calderón despojó a los mexicanos de poco más de 100,000 millones de dólares con la excusa de un pasivo diferido en una empresa que ya no pertenece al Estado y está garantizando su deuda con siete de cada diez barriles de petróleo que produce durante los próximos 13 años, mientras sigue pagando a la banca norteamericana un interés cuatro o cinco veces superior al promedio en el mundo Occidental. Pero lo más lamentable de todo este terrible robo a la nación es que la gran mayoría de los mexicanos no se entera y ni siquiera lo intenta, ya se ha dado por vencida y solo aspira a sobrevivir en un mundo dominado por una pequeña élite de personas cuya única aspiración es acaparar poder, bienes y dinero.
En resumen, el uso discrecional de las normatividades jurídicas de los diferentes países para convertir los delitos de las autoridades en decisiones institucionales legalizadas es el mecanismo que ha utilizado Calderón para saquear al País y es el mismo que están usando casi todas las naciones del mundo en este momento histórico del triunfo total de la plutocracia. La sociedad humana vive un complicado proceso involutivo, donde las clases trabajadoras de Occidente están perdiendo los derechos que le había otorgado la social democracia y el mecanismo judicial y policial que aplicaba el Estado para ejercer el control de los ciudadanos ha degenerado en una dictadura legalizada de la plutocracia.
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