Durante casi 3 décadas, la base de la política migratoria de Estados Unidos ha consistido en reforzar las medidas de seguridad en su frontera sur para evitar el ingreso de migrantes al país. Esta infraestructura fue creada a principios de los 90 y ahora resulta inoperante ante la nueva migración de niños y de familias que buscan a las autoridades para obtener asilo. Desde el 2003, más de 400,000 menores de edad han cruzado la frontera sin sus padres y la cifra sigue creciendo.
Las personas migrantes huyen de la violencia y la corrupción en sus países, a la que ahora suman la desinformación, la pandemia y el cambio climático. Estados Unidos está expulsando a la nueva ola de migrantes hacia México y la mayoría de ellos aguardan en los albergues para volver a cruzar la frontera.
Tanto demócratas como republicanos justifican la militarización de la frontera sur que tiene un costo enorme para los contribuyentes estadounidenses.
Desde el 2003 se creó el Departamento de Seguridad Interna además del presupuesto de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), cuyo gasto pasó de 5,900 millones de dólares a 17,700 en el año 2021. En agentes federales el presupuesto aumentó de 3,555 a 17,000 millones de dólares.
Estos agentes, más los costos de policías local, la Guardia Nacional y militares activos que patrullan la frontera con México, convirtiéndola en una de las regiones más vigiladas del mundo.