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Iniciativa de reforma de la Ley de la Industria Eléctrica

Los sistemas eléctricos de potencia mantienen en operación conjunta miles de generadores, cientos de miles de kilómetros de líneas de transmisión, millones de kilómetros de redes de distribución y decenas de millones de usuarios que, además permanentemente demandan energía en forma aleatoria. Su objetivo fundamental: mantener la continuidad en la producción de bienes y servicios. Los sistemas de potencia operan estables mediante el balance entre cargas de usuarios y generación de las plantas: siguen leyes físicas para mantener los flujos de potencia, el nivel de voltaje y la frecuencia en valores constantes, y ante algún disturbio, las protecciones aíslan automáticamente y en milésimas de segundo, la sección del sistema afectada, sin ser perceptible por el resto del sistema nacional.

El Sistema Eléctrico Mexicano integrado durante 85 años de existencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contiene una diversidad de tecnologías de generación, hidráulica, nuclear, geotérmica, ciclos combinados, y termoeléctrica dual; alimenta 45 millones de usuarios, demanda 50,000 Megawatts, y entrega 315 Terawatthoras por año. (Sistema similar en magnitud al Reino Unido, pero casi 10 veces de mayor extensión geográfica).

En los últimos 30 años de políticas neoliberales se concedió a empresas privadas fundamentalmente extranjeras, generar electricidad para alimentar cargas industriales en lugares alejados de sus plantas, utilizando la red eléctrica de CFE. Se les ha subsidiado los costos reales de inversión y operación de la red eléctrica y consistentemente se fueron apropiando de los usuarios más grandes que antes eran de CFE: Con mínima inversión integraron un negocio muy rentable, supuestamente “muy competitivo”, hasta tener actualmente el 50 % de la energía total de México. (CFE conserva 45 millones de usuarios de empresas pequeñas y servicios domésticos, con menor rentabilidad y mayor grado de dificultad).

La Reforma Energética de 2013, permitió legalizar la transferencia de este patrimonio nacional a los inversionistas privados, y se creó un Mercado Mayorista de Electricidad con reglas que favorecen a los generadores privados con precios marginales especulativos ajenos a la competencia. (En 2018 y 2019 de casi dos pesos por KWH, duplicando el costo medio de las plantas de CFE)

Las políticas energéticas de los últimos años dejaron un incremento importante en las tarifas eléctricas y una deuda a CFE de 50,000 millones de dólares en obras Pidiregas y gasoductos, por las que habrán de pagarse en 25 años 200,000 millones de dólares.

La iniciativa de cambio a la Ley de la Industria Eléctrica enviada al Congreso por el presidente de México, pretende: Dar prioridad al despacho de las plantas generadoras de CFE para alimentar sus propias cargas de Suministro Básico; eliminar el esquema de Autoabasto, por ser una venta simulada ilegal a 70,000 usuarios; revisar alto costo de financiamiento de los Productores Independientes de Electricidad; reconocer a CFE los Certificados de Energía Limpia correspondientes a sus plantas hidroeléctricas, geotérmicas y nuclear (20% del total generado por CFE); planear la expansión del Sistema Eléctrico Nacional, con criterios técnicos de confiabilidad y no de mercado, para ubicar adecuadamente las plantas convencionales e intermitentes, optimizando el aprovechamiento del sistema de transmisión; utilizar costos unitarios totales de generación para definir méritos de despacho en el Mercado Mayorista de Electricidad, para evitar la segregación de plantas competitivas de CFE, y ocultar costos reales de la generación renovable.

Es entendible el compromiso de reducir emisiones de CO2 en el Acuerdo de París, y el gobierno admite su responsabilidad en ello: La generación intermitente eólica y fotovoltaica tiene un límite en su ubicación y capacidad máxima a instalar, para optimizar inversión y evitar riesgo en la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Los paneles solares en casa habitación, entregando energía en el día a CFE y recuperándola por la noche para cargar la batería del auto eléctrico, son solución sustentable con mayor reducción en la emisión de CO2 y ahorraría inversión de 30,000 millones de dólares en generación intermitente.

La reducción radical de las emisiones de CO2 conlleva acciones en varios sentidos: Uso eficiente de la electricidad en las empresas y hogares; mejorar el rendimiento en el transporte que utiliza petrolíferos y la sustitución por vehículos eléctricos; transporte colectivo y metro en ciudades importantes; aislamiento térmico en viviendas y edificios; cogeneración eficiente en empresas; variadores de velocidad en industrias; iluminación con led; monitoreo y control del gasto de energía; Etc.

j. l. apodaca v.

Monterrey N.L. 2 de marzo de 2021.