En su iniciativa de reforma energética el presidente Enrique Peña Nieto informó a la nación que asumía el reto de extraer el petróleo y gas Shale, presentando como argumento que nuestro principal socio comercial (Estados Unidos) nos lleva mucha ventaja en este proceso.
La gran mayoría de senadores y diputados, conjuntamente con los congresos de los estados, aprobaron la reforma energética en diciembre de 2013, eliminando el monopolio gubernamental de Pemex sobre la cadena de valor para el suministro de hidrocarburos. Ahora las empresas privadas preponderantemente trasnacionales participarán en los procesos de exploración, extracción, transporte, refinación, petroquímica, distribución, y comercialización. En esta reforma constitucional y sus transitorios no existe limitación para que las empresas extranjeras exploten las reservas Shale de gas natural y crudo.
El Fracking es una tecnología utilizada intensamente por 170 empresas en los Estados Unidos y se aplica desde 1998 en 34 estados, donde extensas áreas rurales han sido convertidas en zonas industriales con maquinaria muy ruidosa, miles de camiones transportadores de combustible o de agua y las demás materias primas para perforar. Luego, estas materias primas son desechadas en lagunas al aire libre, sin ningún control ecológico o son reinyectadas en el subsuelo.
Hace tres años el Centro Tyndall de la Universidad de Manchester en Inglaterra divulgó información al respecto de esta nueva tecnología extractiva de los Estados Unidos llegando a varias conclusiones de gran interés: El análisis químico de los materiales utilizados en la extracción del aceite o del gas de esquisto conlleva un importante riesgo de contaminación del suelo y de las aguas superficiales aledañas. Hasta la fecha de su publicación considera imposible decidir sobre la viabilidad ecológica de este proceso para su área de influencia en Inglaterra y en Europa. La explotación del gas de esquisto aumentará, sin duda, las emisiones de gases de carbono a la atmósfera. Los volúmenes de agua requerida en este proceso generarían graves déficits en los suministros de agua en el Reino Unido. El riesgo de contaminaciones en las fuentes de agua por los productos químicos utilizados en el proceso conduciría a un rechazo total de parte de los organismos encargados de la regulación ecológica.
Es necesario evaluar la explotación Shale en México, ante la futura perforación de varias decenas de miles de pozos, considerando la posible contaminación de la tierra, acuíferos y aguas superficiales, los requerimientos de agua para la explotación, el costo de inversión, y quién obtendrá el beneficio.
El riesgo de contaminación química de acuíferos con el Fracking, se origina por rebasar la capa de roca que contiene los hidrocarburos, tanto por errores de navegación al perforar horizontalmente sin apoyo de dispositivos satelitales, como por fisuras que pudieran traspasar la capa de roca al realizar la fractura hidráulica. Los depósitos subterráneos construidos para contener los fluidos sobrantes, pueden lubricar fallas geológicas en equilibrio inestable y provocar además movimientos sísmicos.
Respecto de los requerimientos de agua, si se perforan 3,000 pozos Shale anuales en el noreste de México, cada uno requiere en promedio 20,000 metros cúbicos de agua y esto significaría 60 millones de M3 en el año, o su equivalente de casi 2 M3 por segundo (equiparable con las necesidades de una ciudad con 750 miles de habitantes).
En Estados Unidos la perforación de un pozo cuesta 7 millones de dólares y han invertido más de 100 miles de millones de dólares en 15,000 pozos: Se teme que una burbuja especulativa accionaria haya triplicado ese valor, y la producción de gas natural y crudo a precios actuales no amortizará ni la mitad del capital invertido. En México sería menos rentable, porque a diferencia de Texas no disponemos de infraestructura de ductos, plantas de separación y caminos transitables.
Los legisladores aún tienen oportunidad de condicionar en las leyes secundarias de la reforma energética la explotación Shale: No se aprobaría ningún proyecto, a menos que represente una ventaja para los ingresos fiscales de 50 dólares por barril equivalente de crudo extraído; deberá cumplirse una regulación ecológica estricta con especificaciones detalladas para evitar la contaminación de la tierra, del agua superficial y de los mantos acuíferos; y no se emplearán recursos hídricos cuyo destino actual o futuro sea para consumo humano o agropecuario.
Monterrey N.L. 18 de marzo de 2014.