Según investigaciones publicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en marzo del 2011, se encontró que el Gobierno de Calderón comprometió una gran parte de los ingresos petroleros, en una proporción desmesurada que supera varias veces el monto total de la deuda de Pemex.
La ASF encontró que en el 2009, la administración de Pemex aceptó dejar en garantía 7 de cada 10 dólares de facturación por ventas al exterior de petróleo crudo de los tipos Maya y Altamira para garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera que fue contratada por una filial que Pemex constituyó en el paraíso fiscal de las Islas Caimán en el Caribe, donde ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar.
Según la Auditoría Superior de la Federación, conforme a lo dispuesto por el Congreso de la Unión en la Reforma Petrolera del 2008, Pemex asumió como deuda pública directa la que provenía de sus vehículos financieros externos: Pemex Project Funding Master Trust por 55 mil 198.3 millones de dólares y la del Fideicomiso F-163 por 118 mil 577.7 millones de pesos que utilizó para su financiamiento en los proyectos de Pidiregas.
Los ‘proyectos de inversión de impacto diferido en el registro del gasto’ (Pidiregas) son un mecanismo creado por Ernesto Zedillo a finales de su gobierno en el año 2000. A través de ellos, Pemex y la CFE contrataron deuda en moneda extranjera y nacional con empresas privadas para financiar proyectos que supuestamente no podían realizarse con recursos propios.
En la reforma petrolera del 2008 se acordó que el saldo de los Pidiregas que se registraba como deuda de las paraestatales mencionadas se contabilizaría en el futuro como deuda pública. Hacia marzo del 2010, que fue la última fecha en que se publicó el pasivo de Pidiregas en Pemex se señalaba una cifra de 1 billón 360 mil millones de pesos y en la CFE de 250 mil millones de pesos.
Durante el 2009 también se habían añadido a la deuda pública los bonos que contrató Pemex por 5 mil millones de dólares, mediante el vehículo financiero externo conocido como Pemex Finance para iniciar el financiamiento de proyectos Pidiregas y cuyo saldo al 2009 fue de 893.3 millones de dólares que se continuaría pagando hasta el 2018.
Según la misma Auditoría Superior de la Federación, el mecanismo establecido para el pago de intereses de esa deuda de 893.3 millones de dólares obliga a Pemex a entregar a un tercero el 71.9% de la facturación de las ventas al exterior de los crudos Maya y Altamira, que son del orden de 18 mil 951 millones de dólares. Y podrían alcanzar un monto de 170 mil 561 millones de dólares hacia el 2018, con el fin de que en la cobranza de esa cartera se cubran las amortizaciones de la deuda y sus intereses, mientras el remanente se devuelva a Pemex.
El total de esas cifras significa que Pemex estaría ofreciendo una garantía equivalente a 190 veces el saldo de la deuda pendiente de pago.
Para esconder estas terribles irregularidades Pemex creó una diversidad de vehículos financieros, preferentemente internacionales entre los que destacan: Pemex Proyect Funding Master Trust en Delaware, EUA; Pemex Finance, Ltd, con domicilio en las Islas Caimán; RepCon Lux, en Luxemburgo y el Fideicomiso F/163 con domicilio en la Cd. de México.
Un ejemplo que ilustra con claridad la forma de operar de estos vehículos financieros internacionales es el que presenta la auditoría 569 que evalúa el impacto financiero del arrendamiento con opción a compra de la Unidad Flotante de Producción, Almacenamiento y Descarga (FPSO) en el proyecto de inversión integral Ku-Maloo-Zaap-Pidiregas, donde Pemex Exploración y Producción pagó 927 millones 617 mil dólares más el monto original del contrato de 207 millones 75 mil dólares. Según la ASF, el incremento global en el precio de ese contrato en particular fue de 448%.
Quizá con el propósito de obtener una protección legal para el futuro, el Gobierno de Calderón publicó en abril del 2011 un ‘Balance Fiscal’ a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se reclasifica en cuatro nuevos grupos el manejo del presupuesto federal, dando una libertad absoluta para su control presupuestario tanto a Pemex, como a la CFE.
En un primer grupo se clasifica a los Tres Poderes de la Unión, al IFE y a la CNDH; luego está un grupo que abarca a la Administración Pública Centralizada y el INEGI; a continuación se señalan a los organismos y a las empresas de control presupuestario directo donde están Pemex, CFE, IMSS, el ISSTE y por último los Organismos de Control Presupuestario Indirecto, donde destacan Agrossemex, el Banco de Comercio Exterior, el Banco de Ahorro Nacional y Servicios (Bansefi) el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras), la Nacional Financiera (Nafin) y la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). En ese mismo grupo están los organismos no financieros como Notimex, la Casa de la Moneda, el Pronóstico para la Asistencia Pública, la Administración Portuaria y el Servicio Postal Mexicano.
El hecho insólito es que no existe ninguna nación del mundo que permita a sus empresas paraestatales decidir en todos los asuntos administrativos y financieros, particularmente en esa forma tan absurda de diferir los pagos de amortizaciones financieras e intereses, cuando la realidad del mundo actual es que los intereses financieros actuales son ínfimos y el País cuenta con abundantes reservas internacionales para acabar con la deuda de Pidiregas y sus demás pasivos financieros con el Banco Mundial para invertir en la infraestructura nacional, tal como lo han estado haciendo las naciones, como Brasil, que han logrado quitarse la dominación financiera que ejercen los Estados Unidos.
Sólo con los intereses que mensualmente generan los crecientes pasivos de Pidiregas se podrían generar obras de infraestructura en México que podrían dar ocupación a varios millones de mexicanos que actualmente están a la merced de los variados carteles de la economía criminal. En lugar de haber aplicado casi toda la renta petrolera a la inútil burocracia y al pago de renta a empresas privadas e instituciones financieras de los Estados Unidos el próximo presidente de México debería conocer esta situación tan funesta y desaparecer de una vez por todas esa espada de Damocles que determina el fracaso permanente de la economía mexicana durante las tres últimas décadas y no genera obras de infraestructura como carreteras, aeropuertos, obras hidráulicas, plantas de energía eólica, ferrocarriles de carga y transporte de pasajeros, además todas las nuevas tecnologías urbanas y rurales autosustentables que ya existen en los países que son capaces de administrar por sí mismos sus ingresos fiscales.
Aún en medio de la crisis financiera mundial actual, México podría crecer desmesuradamente si sus dirigentes políticos no fuesen cobardes y buscaran el beneficio de los mexicanos en lugar de atender a las demandas de los poderes fácticos nacionales e internacionales.
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