La propuesta de reforma energética de Peña Nieto señala la siguiente problemática energética nacional, pero parece olvidar que fue creada intencionalmente por el propio gobierno federal, con sus políticas antinacionales y administración corrupta, aplicadas en los últimos sexenios de corte neoliberal:
• Producción insuficiente de petróleo y gas natural, lo que junto con las crecientes importaciones de gas natural, gasolinas, diésel y petroquímicos, ha erosionado la seguridad energética de la Nación. De seguir con la tendencia actual, México se convertiría en un país importador neto de hidrocarburos en tan sólo algunos años.
• Las importaciones de gas natural han crecido considerablemente en los últimos 15 años; entre 1997 y 2012, las importaciones de gas natural subieron de 3% a 33% del consumo nacional. Este fenómeno se ha incrementado a partir de 2008, debido a la disminución del precio del gas natural en norteamérica.
• Al 31 de diciembre de 2012, la infraestructura de gasoductos contaba con una longitud de 11,131 kilómetros y una capacidad para transportar aproximadamente 5,000 millones de pies cúbicos diarios. De 1995 a la fecha, la extensión de la red de gasoductos en México se ha incrementado sólo en 18.3% (1,789 km). Es decir, cerca de un punto porcentual al año, lo que ha sido insuficiente para el desarrollo del país. En noviembre de 2012, el Sistema Nacional de Gasoductos alcanzó su tope máximo de transporte, lo que ha limitado la importación de gas natural por ductos y ha resultado en problemas de abasto de gas natural.
• En materia de productos refinados y petroquímicos, se está viviendo una paradoja que enfrentan México y otros países con recursos en materia de hidrocarburos. No obstante los grandes volúmenes de hidrocarburos en el subsuelo, o incluso ya extraídos del mismo, se tiene una gran dependencia de combustibles e insumos petroquímicos importados de otros países, en virtud de la limitada capacidad de refinación y transformación en relación a la producción petrolera. En México, en 2012, se contaba con una producción diaria de 2.5 millones de barriles de petróleo crudo y sólo se refinaron 1.2 millones de barriles al día, teniendo que importar aproximadamente la mitad de las gasolinas y una tercera parte del diésel que se consumen en el país. Mientras que en 1997 las importaciones de gasolinas representaban el 25% del consumo nacional, para 2012 alcanzaron el 49%.
• Debido a la falta de infraestructura suficiente, parte de los hidrocarburos, en particular los productos petrolíferos, son transportados de manera poco eficiente y con un costo elevado. El uso de carro-tanques y auto-tanques para el transporte de gasolinas, los cuales son, respectivamente, 6 y 13.5 veces más costosos que el uso del ducto, aumentó de 9.3% a 11.2% del total de volumen transportado de 2011 a 2013.
• En el caso de la petroquímica la situación es similar; las importaciones netas representan aproximadamente el doble de la producción nacional y el transporte de estos productos es ineficiente.
Esta problemática no se originó por falta de recursos, porque en los últimos 12 años Pemex transfirió por la vía de impuesto al gobierno federal ocho millones de millones de pesos. Y para socavar mayormente la situación financiera de Pemex, el gobierno contrató una deuda por 100 miles de millones de dólares (MMD) con el esquema Pidiregas, a una tasa muy cara y habrá de pagar 300 MMD en 25 años.
En lugar de intentar resolver estos problemas con una política energética nacionalista, una planificación de inversiones sustentable a corto y mediano plazo, y una ejecución de proyectos auto amortizables -para estimular la economía interna, el empleo y la recaudación de impuestos- optan por modificar la Constitución y permitir a las inversiones extranjeras la explotación directa de nuestros recursos.
Habrá manera de que la gran mayoría de los mexicanos podamos defendernos de este gran atraco en el que participan conjuntamente el ejecutivo federal, la mayoría de los legisladores y los partidos políticos, apoyados incondicionalmente por casi la totalidad de los medios de difusión.
Monterrey N.L. 25 de agosto de 2013.
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