Con la cercanía del fin del gobierno de Calderón y con los procesos electorales federales a la vuelta de la esquina, convendría conocer, aunque sólo sea en la superficie, los grandes errores en la conducción del país mexicano, no sólo del Jefe del Ejecutivo, sino de los ineptos representantes ciudadanos en el Congreso de la Unión, quienes han sido incapaces de detectar y detener la infinidad de rapacerías que ha realizado Calderón en el campo del manejo del erario público.
El régimen fiscal de Pemex.- Según información proporcionado por la filial de Petróleos Mexicanos conocida como ‘Pemex Exploración y Producción’ (PEP) publicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante el pasado mes de febrero, la mencionada paraestatal mexicana ha tenido una carga tributaria del 58.8% de sus ventas en el 2007 y de 56% en el 2011 que se han derivado de los altos precios del ‘crudo mexicano’ que permiten aplicar un sobreprecio a Hacienda como parte del régimen especial que se estableció para Pemex, cuando el precio de venta de su crudo supera al fijado por Hacienda.
En el 2011 el precio de venta del crudo estipulado por Hacienda fue de 64.3 dólares por barril y el precio de venta real superó los 100 dólares. Por lo que es obvia la urgencia de modificar el actual régimen de Pemex, debido a que se desincentivan tanto la producción, como las demás operaciones hacia el interior de la paraestatal y por lo tanto se propicia la reducción de inversiones, ya que nadie desea invertir en una empresa que mientras más gana, más pierde el inversionista.
Según el reporte de John S. Harold, miembro del Consejo de Administración de la PEP, en el que se consignan datos hasta el 2010, Pemex es la empresa petrolera en el mundo que tuvo los mayores cargos tributarios. En segundo lugar está la empresa noruega Statoil Hydro, con el 41% de los impuestos pagados a su gobierno por concepto de ventas. Las empresas estadounidenses Chevron, Exxon y Conoco pagaron en el 2010 impuestos sobre ventas a su gobierno del 28%, el 27.7% y del 18% respectivamente. La empresa francesa Total pagó el 30% de impuestos sobre sus ventas en el 2010, mientras que la holandesa Royal Dutch Shell pagó el 26.4 en el mismo año de 2010. Finalmente, la empresa inglesa British Petroleum pagó 18.1 % de impuestos sobre ventas en el mismo año de referencia.
Estudio Prospectivo al 2026.- El pasado mes de febrero, la Secretaría de Energía envió al Congreso un documento denominado ‘Estrategia Nacional de Energía’ (ENE) con una estudio prospectivo hasta el 2026. En este documento se menciona un incremento de 20% en la producción petrolera, hasta llegar a 3.35 millones de barriles de petróleo diarios y un plan para producir hasta el 35% de la energía eléctrica con energéticos limpios.
El estudio prospectivo de la ENE tiene tres ejes fundamentales: eficiencia económica y productiva, seguridad energética y sustentabilidad ambiental. Plantea siete objetivos con 8 elementos transversales, a los que se añade la novedad de dos escenarios: uno inercial y otro ideal que deberían ser ratificados por el Congreso de la Unión en un plazo no mayor de 30 días hábiles.
Se contempla la construcción de dos plantas más en 15 años en un escenario ideal y al menos dos reactores más en Laguna Verde. Respecto al gas se plantea un meta de 8958 millones de pies cúbicos por día, con una meta ideal de 11472 con la inclusión del gas ‘shale’. Por último se plantea una taza de restitución de reservas petroleras del 110%, bajar las pérdidas de electricidad del 11 al 8%; aumentar 152% la producción petroquímica nacional y pasar del 1% al 15% en el ahorro de electricidad.
Es obvio que los 30 días hábiles para que el Congreso aprobase este plan ya han concluido y no existe ninguna información sobre las decisiones de los representantes políticos oficiales, ya que sus intereses no incluyen asuntos fuera de su ámbito personal, o del organismo político o grupo empresarial al que pertenecen.
Las manipulaciones de Calderón.- Debido a que la contratación de deuda no alcanza para pagar la deuda ya existente, a Calderón se le ocurrió hipotecar el grueso de la facturación del crudo exportado hasta el año 2018, a fin de garantizar el pago de una deuda en moneda extranjera que había sido contratado por una filial que Pemex creó en las Islas Caimán, donde ninguna autoridad mexicana tiene jurisdicción para investigar.
Por órdenes directas de Calderón y sin autorización del Congreso, siete de cada diez dólares de las facturas de venta de petróleo a extranjeros serán utilizados para finiquitar dicho adeudo, desde febrero del 2012 hasta el año 2026. De modo, que ante la indiferencia o virtual apoyo del Congreso, el Jefe del Ejecutivo implementa modificaciones a la normatividad jurídica que lo liberan de cualquier tipo de responsabilidad penal en el futuro. Ya en el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) del pasado febrero, Calderón modificó la normatividad de Pemex, liberándolo de cualquier nexo con el Estado y dándole la misma autonomía que al IMSS y al ISSSTE.
Calderón hace lo que quiere, sin control alguno, en detrimento de la nación y sin consecuencias legales. Por su cuenta ha desaparecido una gran parte del ingreso que se tenía garantizado para el erario público, debido a que otorgó en garantía de un adeudo reclamado un monto muchas veces mayor (190 veces), manejando a su antojo y conveniencia un mecanismo de financiamiento privado de obra pública.
Quizá debido a que las acciones del crimen organizado han desviado toda la atención de los medios y de las autoridades, Calderón hace y deshace a discreción, aunque tarde o temprano todas estas arbitrariedades e ilegalidades tendrán que salir a flote, como sucede ahora con el documento de la Auditoría Superior de la Federación que denuncia los excesos de Calderón en el uso de la facturación al extranjero de Pemex.
Conclusiones.- Los Pidiregas se han convertido en una especie de tarjeta de crédito sin límite (con enormes intereses) que el Gobierno Federal ha utilizado en forma irresponsable e ilegal. Al grado que las finanzas de Pemex ya no alcanzan para atender las exigencias fiscales y cubrir los intereses derivados de la que había sido considerada como la ‘solución definitiva’ al financiamiento del Estado.
Actualmente, el pasivo de Pemex consecuencia de los proyectos Pidiregas, son financiados con deuda proveniente de los mercados de capital y asciende a casi 2.2 billones de pesos mexicanos. Si se considera una paridad de 12 pesos por dólar, la deuda actual asciende a 183 mil millones de dólares que es prácticamente equivalente a la deuda pública total de 182 mil millones de dólares; en la que se incluyen cerca de 75 mil millones de la deuda del sector privado que garantiza el Gobierno mexicano.
Es obvio que la deuda de Pidiregas forma parte de la deuda pública de México aunque haya sido disfrazada de un fideicomiso operado por empresas transnacionales, lo cierto es que también está garantizada por el Gobierno mexicano y paga mucho mayores intereses que la deuda pública oficialmente reconocida.
Es por esta razón que Gabriel Reyes, el presidente de Transparencia Nacional califica los proyectos de Pidiregas como ‘uno de los más grandes fracasos’ que Zedillo heredó a las administraciones panistas. Luego dice que ‘Es un gran error, pero hay que partir del primer error: el Master Trust y todos los fideicomisos, más todas las emisiones, son actos de instituciones paraestatales y son actos públicos regidos por la Ley General de Deuda Pública que deben ser auditados por el Congreso.’
En resumen, no deben utilizarse vehículos financieros en el extranjero para darle la vuelta a la contratación mediante licitaciones públicas y a las regulaciones presupuestarias. Dichos supuestos fideicomisos deliberados solo han servido para engañar a los ciudadanos y confundir a las pocas autoridades legislativas y judiciales que aún son autónomas.
No obstante, la magnitud de este enorme fraude que liquida para siempre a Pemex, deja hipotecado al País por varias décadas y crea un ámbito de impunidad para los futuros dirigentes, ni siquiera es mencionado tangencialmente en las campañas de los aspirantes a suceder a Calderón, ni por quienes pretenden ser miembros del Congreso de la Unión en el próximo sexenio.
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