La reforma energética de diciembre de 2013 eliminó el monopolio estatal mexicano de 70 años que meritoriamente integró un sistema eléctrico nacional eficiente y armónico en sus elementos de generación, transmisión, distribución y comercialización, logrando máxima confiabilidad, mínimos costos de inversión – operación, independencia nacional energética y cobertura del 95% del territorio nacional.
Argumentaron una competencia que no puede ocurrir en sistemas de red, porque constituyen monopolios naturales; legalizaron las bases para crear un mercado mayorista de electricidad muy complejo, en el que dominarán precios marginales sustentados en principios de escasez: las experiencias en otros países indican aumento de ingresos de los productores a costa de los consumidores.
La legislación tan amplia y expedita abre nuevas oportunidades de negocio para los inversionistas extranjeros en plantas generadoras, líneas de transmisión, subestaciones y redes de distribución, incluyendo la comercialización de la energía. Los cambios en la organización de CFE tienden a allanar el camino para desplazar y eliminar a mediano plazo esta paraestatal. Y, la dependencia energética nacional respecto de los grandes capitales internacionales en este sector tan importante de la electricidad, será absoluta.
En un principio las más de 300 mil empresas mexicanas medianas y grandes disfrutarán de precios relativamente bajos de la electricidad, mientras los productores privados dan cuenta de los remanentes que antes se destinaban al gobierno federal y a los trabajadores del sector eléctrico. Para evitar afectar directamente la competitividad del sector empresarial mexicano, es importante que sus corporaciones encuentren la manera de hacerse escuchar ante el Congreso y el Ejecutivo Federal, aparentemente muy enfocados ambos en atender intereses extranjeros.