Hacía muchos años que la nación mexicana no aparecía en los titulares de muchos periódicos y medios digitales en el mundo, sino hasta ahora que se conoció la horripilante masacre de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Desde que los Estados Unidos le aplicó el Consenso de Washington en 1988, no hubo información trascendente para comunicarse al resto del mundo, al convertirse México en una colonia subordinada, sin política, sin estrategia económica propia y sin una cultura colectiva que lo identificara, como había sucedido hasta fines de los años setenta. El poderoso vecino de su enorme frontera norte le fue endilgando toda su visión del mundo y toda su cultura hasta convertirlo en una colonia sin vida propia, en un territorio para tirar los desechos contaminantes y en un mercado donde podía liquidar a buen precio sus mercancías fuera de especificaciones y sus productos alimenticios y medicinales sin aprobación de la FDA (Federal Drug Administration).
Lo más terrible de esta abominable masacre de estudiantes ha sido que tuvo que ser denunciada por una ONG extranjera, ya que todos los medios oficiales de México trataron de ocultarlo. La matanza y la incineración de los cadáveres de los estudiantes normalistas fue conocida en el mundo entero a través de José Miguel Vivanco, director para América de Human Rights Watch con sede en Nueva York quién señaló públicamente que la ‘regla general que priva en México es la impunidad y el caso de Iguala es de gravedad extrema ya que descubre una crisis profunda que arrastra a México en derechos humanos’.
También señaló Vivanco que la reacción del presidente de México, Enrique Peña Nieto había sido ‘tardía y mala’ ya que demoró cuatro días para denunciar uno de los casos más graves de violaciones a los derechos humanos en toda la historia contemporánea de México y de América Latina, además de que lo consideró como un ‘crimen de Estado’ y expresó fuertes suspicacias sobre la tendencia de las autoridades mexicanas a tomar como base de sus juicios las declaraciones de los delincuentes que habían confesado su participación en los asesinatos, cuando es ampliamente conocido en el mundo el uso de la tortura en México como medio fundamental para obtener las declaraciones en los presuntos culpables de un crimen o de cualquier delito.
No solamente para los Estados Unidos y sus socios europeos, sino para todas las naciones del mundo, México aparece ahora como una sociedad sin mecanismos de autocontrol, sin justicia y sin normas que lo convierten en una sociedad incivilizada y bárbara donde su gobierno actual ha fracasado por completo agravando la situación de violencia extrema que ya se vive desde hace dos décadas, por lo que muchos expertos nacionales y extranjeros opinan que el Presidente Peña Nieto y los principales funcionarios de su gabinete debieran renunciar y dejar el puesto al que llegaron en forma ilegítima, mediante la compra masiva de votos que hicieron las familias políticas en el poder y los empresarios y demás particulares que lo propusieron y ahora intentan controlar en función sus intereses particulares.
La élite en el poder político de México alcanzó una fuerza enorme desde el momento cuando el presidente Calles fundó el partido político único que se convirtió luego en el PRI actual y mantuvo una hegemonía total que lo llevó a ser considerado como una ‘dictadura perfecta’ hasta que se inició su fragmentación y su decadencia durante el período de gobierno de Carlos Salinas. Dentro de esa élite no solamente estaban las generaciones de familias de los políticos del PRI, sino una pequeña élite del PAN que se había escindido del PNR (anterior al PRI) por diferencias religiosas, más no ideológicas en un período (La Guerra de los Cristeros) donde hubo un pequeño grupo que no pudo aceptar la condición laica fundamental en la actividad política. Y fue a principios de los ochentas que surgió un partido político de Izquierda, que al igual de todos las izquierdas latinoamericanas carecía de una identidad grupal y nunca tuvo una base ideológica común ni una cultura colectiva seria, por lo que siempre ha estado fragmentado y no tiene ningún futuro promisorio en la actividad política del presente y del futuro en México.
Además de esta síntesis básica y apresurada de la historia contemporánea de los partidos políticos en México, como otro factor del conflicto actual habría que añadir el enorme poder de la ‘economía criminal’ que está involucrada con algunas de las esferas del poder político oficial creando una confusión tremenda en la forma de actuar del Estado al quitarle buena parte de sus recursos con la piratería, la venta de artículos importados ilegalmente, los cobros de pisos a comerciantes y empresarios pequeños , los secuestros, las extorsiones e infinidad de actividades de las docenas de carteles que existen en México. Y como cereza del pastel están los grandes empresarios nacionales y extranjeros que gozan de toda clase de privilegios fiscales, laborales, financieros y ecológicos que se han apoderado de los recursos naturales del País y están elaborando las legislaciones pertinentes para conservarlos “ad aeternum”.
Para hacer un resumen estadístico de la crisis de seguridad que vive México solo señalaré que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en un año se cometen alrededor de 12 millones de delitos, de los cuáles no se denuncian el 85% y sólo un 1% llega a obtener una sentencia jurídica. Mientras que de acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el 2013 hubo un 93.8% de delitos impunes y entre el 2010 y el 2012 hubo un promedio de 92%. Según el Envipe, organismo del INEGI para el Estudio de la Victimización y Persecución del Delito, durante el mandato de Peña Nieto en el 2013 se cometieron 33.1 millones de delitos que afectaron a 22.5 millones de personas y a 3.64 millones de hogares que equivalen a una tercera parte de las familias residentes en México.
Adenda: Es imposible que exista otro país en el mundo donde exista el nivel de impunidad y de barbarie que ahora tiene México y es lamentable que su élite política y empresarial piense que podrá haber inversiones extranjeras en México bajo estas condiciones.