Casi a unas horas del final del año pasado, durante sus vacaciones en Hawai, el presidente Obama se vio obligado a firmar una ley federal que autoriza al Ejército para detener indefinidamente a los sospechosos de terrorismo, sin ningún tipo de proceso judicial. En el mismo documento aceptaba que se prohibiría por espacio de un año la transferencia de los presos en Guantánamo a territorio norteamericano para ser juzgados de acuerdo a la normatividad civil.
Aún cuando Obama expresó su escepticismo hacia la nueva ley denominada NDAA (National Defense Authorization Act) en un comunicado adjunto señaló lo siguiente: ‘El hecho de que yo apoye a esta ley no significa que esté de acuerdo con todo lo que en ella se contempla. En concreto, he firmado la ley a pesar de tener ciertas reservas con algunas disposiciones que regulan la detención, interrogatorio y enjuiciamiento de ‘supuestos terroristas’ ya que mi administración ha desarrollado durante el último año un método legal muy eficaz para recabar información e incapacitar a sujetos peligrosos para la seguridad nacional en todo el mundo, cuyos resultados alcanzados son innegables’
El trasfondo real de esta ley es el de lograr la aprobación del presupuesto de las Fuerzas Armadas para el año fiscal que termina en octubre del 2012 , en el que se contempla continuar el financiamiento de la guerra en Afganistán, ampliar las sanciones contra Irán, así como detener los avances de este país en materia de la energía nuclear. Todo ello con un valor de 662 mil millones de dólares que beneficiará sobre todo a los empresarios bélicos y a la industria de energéticos que están en manos de funcionarios del Pentágono y de anteriores administraciones desde la época de Reagan.
El senado de los Estados Unidos aprobó la ley el pasado 15 de diciembre con una gran mayoría de 86 a 13. Quizá la sección más polémica de dichas disposiciones está en el apartado 1021, donde se expresa claramente la autorización a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para detener a las personas sospechosas de realizar actividades terroristas. Esto significa que a quiénes sean considerados ‘sospechosos’ el Ejército los puede detener sin que existan pruebas y sin efectuar ningún proceso judicial hasta que terminen las hostilidades de la guerra antiterrorista que nadie sabe cuando se declaró ni cuando se terminará. Esta ley también permite al Ejército la detención de ciudadanos norteamericanos en los territorios de los Estados Unidos.
No obstante la contundencia de esta ley, Obama señala en el mismo comunicado lo siguiente: ‘Quiero clarificar que mi administración no autorizará la realización de las detenciones militares por tiempo indefinido y sin juicio a los ciudadanos norteamericanos’. Además logró que el Congreso modificara el proyecto original que contemplaba también la detención de sospechosos de terrorismo extranjeros y que se privara al Presidente de los Estados Unidos de su potestad para llevarlos a juicios civiles, concediéndole la opción de solicitar al Congreso un permiso para juzgar a los supuestos terroristas por la vía civil si puede demostrar que esa oportunidad sea en beneficio del Estado.
Es obvio que todas estas disposiciones de la nueva ley NDAA complican la labor de todos los organismos policiales actuales, como el FBI y la Policía Judicial Federal, dando prioridad al Ejército para la ejecución de las detenciones. Pero lo más terrible es que despoja a los ciudadanos norteamericanos de sus garantías individuales fundamentales, anula por completo al Poder Judicial y convierte al original Estado democrático y republicano en una dictadura militar por tiempo indefinido.
Por ahora, lo único cierto es que todas las disposiciones de la nueva ley para arrestar a sospechosos son totalmente legales mientras no sean llevadas a la Suprema Corte de Justicia para su impugnación o la ley sea revocada en el Congreso. Esto ocasionó infinidad de protestas y gran enfado en todos las ONG’S que operan en defensa de los derechos civiles fundamentales, quienes critican duramente a Obama, señalando que se le recordará como el presidente que aprobó las detenciones indefinidas, sin que se presenten cargos y sin que existan procedimientos judiciales. Por lo que estas nuevas disposiciones ya están siendo utilizadas en el presente y en el futuro inmediato para que el Pentágono pueda aplastar cualquier fórmula de oposición política, de movimiento social pacífico o de libre expresión de ideas.
Esta nueva ley ha permitido controlar por ahora a los manifestantes en todo el mundo del movimiento popular pacífico más importante de los últimos tiempos que fue conocido como ‘Occupy Wall Street’, al ser considerados sus miembros como terroristas por las autoridades militares estadounidenses. Así mismo, se auspician algunas iniciativas para control de las disidencias en las redes sociales como es el caso de la ley SOPA (Stop On line Piracy Act) que intenta monitorear los canales de comunicación a través de la hipermedia. De modo que el proyecto de hace tres décadas de Richard Stallman para crear redes sociales sin restricciones ha dejado de ser la hipótesis persecutoria de un paranoico para convertirse en una penosa y funesta realidad ahora mismo.
Hasta sólo hace unos días, la gran mayoría de los cibernautas y los funcionarios de las redes de inteligencia oficiales ridiculizaban sus teorías conspirativas acerca de los espías del Gobierno y de las corporaciones malignas que intentaban controlar al mundo, utilizando al software como una herramienta para monitorear los canales de comunicación privados. Pero ahora mismo Obama ya ha firmado la NDAA y el Congreso intentará aprobar la Ley SOPA el próximo enero 24 que irrumpe en la vida ideológica privada de los ciudadanos y trata de conocer y controlar los más íntimos pensamientos de los ciudadanos. Con la excusa de proteger los derechos de autor y controlar la piratería de todo género en la red, esta nueva ley se convierte en una poderosa herramienta del espionaje del Ejército.
Desde una visión histórica, el comportamiento de todos los imperios ha sido similar, ya que las pocas familias que logran el control político y económico de la sociedad a través de los años, siempre llegan a la conclusión de que sus poderes y riquezas se convierten en un derecho inalienable que debe ser trasmitido a sus descendientes. Es una realidad tan obvia y tan reiterativa que es aceptada sin análisis y sin protestas hasta por los enemigos del régimen y quienes nunca obtuvieron una ventaja de esa situación. Hace apenas unos días millones de televidentes de todo el mundo pudieron observar el sufrimiento real de los norcoreanos tras la muerte de su malvado dictador y lo mismo puede observarse en las decadentes monarquías constitucionales de Europa, del Medio Oriente y de las demás naciones del mundo.
Por fortuna, todos los estudios de los imperios que han existido en el mundo coinciden en que el recrudecimiento de la tiranía es un signo claro del cercano final del Imperio.
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