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El crimen organizado en México

   

El Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (CISEN) define al crimen organizado como cualquier grupo que cuente con cierta estructura formal, cuyo principal objetivo es obtener ganancias a través de actividades ilícitas y se caracteriza por mantener su posición mediante el empleo de la violencia o de la amenaza; por la corrupción de funcionarios públicos, el uso de prácticas de extorsión y de medios ilegales e inmorales cuya actividad produce un impacto importante en la sociedad global, en el país o en la región donde actúa. El objetivo principal y único del crimen organizado es el de ganar dinero.

Jean Ziegler, experto en economía criminal y autor del famoso libro ‘Los Señores del Crimen’ sostiene que la eficacia de los cárteles del crimen organizado radica en la estructura de su organización que combina un modelo financiero y económico de tipo capitalista de la misma forma que cualquier empresa legítima que busca optimizar sus beneficios, y cuenta con una organización militar basada en la relación mando-obediencia y en una estructura de personal donde predomina el parentesco étnico y familiar.

EL REPORTE DE BUSCAGLIA.- Hacia fines de diciembre del 2010, el experto en economía criminal y profesor del ITAM (Instituto Tecnológico Autónomo de México), Edgardo Buscaglia presentó un reporte que le había solicitado la ONU donde informaba que hasta esa fecha el 73% de los municipios mexicanos se encontraban bajo el control del crimen organizado y pronosticaba un incremento importante para el 2011.

Sus estudios señalaban que el crimen organizado está tomando control de todo el país a través de las instituciones municipales y ha encontrado que en todos los casos de complicidad de las policías locales existe también complicidad de las autoridades políticas. El reporte que elaboró Buscaglia para la ONU fue enviado al Senado de la República en México e informa que el narco controlaba el 34% de los municipios mexicanos en el 2001, alcanzó el 68% en el 2008 y en el 2010 subió hasta el 73%.

Esta investigación está basada en documentos oficiales del Poder Judicial mexicano y señala que la infraestructura del narco está a la vista en prostíbulos, antros, y centros de piratería y contrabando frente a los cuáles deambula la policía local sin darse por enterada. Aunque alrededor de esas infraestructuras del crimen organizado las autoridades federales han detenido a jefes de todos los niveles no se ha logrado afectar ni la estructura patrimonial, ni la organización de los cárteles.

Buscaglia prevé en su informe que la situación empeorará en el 2011, ya que las fuentes de inteligencia militar indican que ‘entre el 55 y el 65% de las campañas políticas de México están siendo infiltradas por los grupos criminales y no se pueden justificar la mayoría de los fondos que se utilizan para financiar estas actividades políticas’.

Esta infiltración creciente abarca por igual a todos los partidos político y – según Buscaglia – se trata de un fenómeno similar al que sucedió en Colombia en la década de los 80. Cree que el gobierno federal pudiera estar intentando dejar toda la actividad bajo el control de un sólo cártel, tal como sucedió en Colombia con Pablo Escobar, quién tomó mucha fuerza y luego no pudo ser controlado sino a través de los mercenarios contratados por Washington.

POSIBLES SOLUCIONES.- Según los expertos de todo el mundo no basta con crear cuerpos especiales de policía, ya que además es necesario premiar la participación de las fuerzas del orden, testigos, víctimas e incluso a los propios colaboradores de los organismos armados, mediante recompensas muy elevadas que serían financiadas con los bienes incautados a las propias organizaciones criminales. Se deben crear leyes que permitan la expropiación de los patrimonios de los delincuentes capturados.

Otro ámbito de solución sería la de adoptar medidas contra los paraísos fiscales que hacen posible el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, como el narco y el tráfico de armas. Al sostener el ‘secreto bancario’ de no dar información sobre cuentas bancarias a otros países, los paraísos fiscales se convierten en cómplices del crimen organizado.

Además existe una herramienta básica para desbaratar estas organizaciones legislando ampliamente sobre el delito de ‘enriquecimiento inexplicable’ a fin de prevenir, ante todo, los actos de corrupción, generalmente vinculados a actividades ilícitas.

Finalmente, en los espacios nacionales se debería intentar lo que ya hizo Colombia al exigir análisis científicos del grado de adicción a las drogas de los aspirantes a candidatos de todos los partidos, la procedencia de las aportaciones a sus campañas políticas y las sanciones para quiénes infrinjan esa normatividad y para los partidos que los admitieron. En Colombia se estableció la pérdida de la curul para aquellos partidos que violen esas normas.

En Diciembre del año 2000 se celebró en Palermo la Conferencia Mundial de la ONU contra Delincuencia Organizada Trasnacional, en la que 121 países firmaron la Convención de Palermo, que significaba el primer instrumento de la ONU con vinculación jurídica entre sus miembros para enfrentarse al crimen organizado. Se tipificaron como ‘delitos internacionales’ la asociación para delinquir, el lavado de dinero, la corrupción y la obstrucción de la Justicia y constituyen el mayor logro de esa Conferencia Mundial de la ONU.

Esta ley de 41 artículos prevé la simplificación de los trámites de extradición, la limitación del secreto bancario, la ayuda a las víctimas, crea mecanismos de protección de testigos y genera acciones para defender al comercio internacional de los grupos criminales.

(Imagen tomada de Internet / Derechos reservados por el autor)