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Autoridad, responsabilidad y rendición de cuentas, en el sector energético mexicano

Ningún país puede sobrevivir más de unos cuantos días sin combustibles y electricidad, es por tanto estratégico el suministro energético actual y futuro. Esta responsabilidad constitucional se cumplió durante 75 años por el gobierno mexicano mediante sus monopolios estatales Pemex y CFE: No existió riesgo de ejercitar poder de mercado por monopolios privados para elevar los precios del suministro de estos bienes tan indispensables.

A finales de 2012 los nuevos integrantes del Poder Ejecutivo (Presidente y Secretarios) y del Legislativo (Senadores y Diputados) tomaron posesión de sus cargos y juraron cumplir con la Constitución so pena que la patria se los demandaría: Un año después la mayoría de Senadores y Diputados aprobaron la propuesta del Ejecutivo y modificaron la Constitución para permitir legalmente la participación privada nacional y extranjera en la explotación de los recursos energéticos de nuestro país.

El Ejecutivo y el Legislativo ejercieron su autoridad para cambiar radicalmente el régimen de propiedad y la manera de administrar los valiosos recursos energéticos nacionales: Pemex y CFE manejaban anualmente ingresos por 2 billones de pesos; sus activos en infraestructura de los sistemas de producción y transporte de hidrocarburos y electricidad integrados durante 75 años, se estiman en 10 billones de pesos; y las reservas probadas de crudo pueden generar un remanente de 16 billones de pesos. Se cuenta con un recurso humano valioso (250,000 trabajadores), la mayoría competente y bien remunerada.

Prepararon documentos con decenas de miles de páginas que contienen las reformas constitucionales, leyes secundarías, reglamentaciones y mecanismos reguladores: Debían legitimar tanto la eliminación y fragmentación de los anteriores monopolios estatales, como la participación de las empresas privadas nacionales y extranjeras en la mayor parte de los procesos involucrados en la cadena de valor para producir y suministrar energéticos. Difícil de asimilar aun por especialistas el contenido de esta documentación tan basta, y tan bien orientada en el objetivo que persigue. Cada uno de los 450 Legisladores que votaron a favor de esta reforma, seguramente dedicaron mucho tiempo para razonar responsablemente su voto.

La pregunta obligada es cómo vamos los mexicanos a exigirles responsabilidad a los funcionarios del Ejecutivo y a los Legisladores si no se cumplen las promesas presentadas en su exposición de motivos: La campaña publicitaria intensa aseguraba iguales o mayores impuestos para el gobierno, explotación racional y ecológica de los hidrocarburos y electricidad, suministro confiable, generación de empleo bien remunerado, y menores precios de los energéticos. ¿A quién le exigiremos rendición de cuentas, y cuándo?

A los mexicanos nos preocupan las promesas de los políticos. A manera de ejemplo en 1998 se privatizó la distribución de gas natural en Monterrey N.L., estableciéndose un precio inicial de 0.32 pesos por metro cúbico: Quince años después el precio nominal se ha multiplicado por once y es de 3.50 pesos por unidad; en términos reales el precio sube a 700 por ciento. En Monterrey se cambió un monopolio público (CFE) por uno privado (Repsol), y el monopolio español sin privatizar ninguna molécula del gas entregado por Pemex, y con la autorización de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya logró incremento de 7 veces. ¿Podríamos exigirle rendición de cuentas a Ernesto Zedillo (Presidente), Luis Téllez (Secretario de Energía), y Héctor Olea (CRE)? Prometieron bajar el precio de la distribución de gas natural.

Abordemos ahora el ejemplo de la red de distribución eléctrica de Monterrey N.L.: Imaginemos una empresa privada extranjera concesionaria del sistema de distribución que comprende subestaciones, líneas de subtransmisión, y redes de distribución. El 90 % de la inversión corresponde a la red, pagada por los propios usuarios al comprar su lote. La empresa extranjera cobrará a los usuarios un precio por distribución, tendiendo a elevarlo gradualmente con autorización de la CRE. Pero como la inversión en la red no la hicieron ellos (y la concesión es a título gratuito), el costo de mantenimiento debiera ser mínimo, considerando los sueldos bajos pagados por las trasnacionales. Por supuesto aducirá como Repsol, que la instalaciones estaban obsoletas y hubo necesidad de reponerlas, argumento en general no válido porque las redes tienen una vida esperada mayor de 50 años. ¿Realmente bajarán las tarifas eléctricas?

En cualquier empresa quienes tienen autoridad para decidir se hacen responsables de las consecuencias que derivan de sus acciones, y cuando aceptan su puesto tienen plena consciencia que habrán de rendir cuentas. ¿Qué hacer con aquellos políticos que no velan por los intereses de sus representados?

Monterrey N.L. 30 de agosto de 2014.