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Reforma Energética Inconclusa

 

Reforma Energética Inconclusa

j.l.apodaca v.

En diciembre de 2013 el Poder Legislativo aprobó la propuesta de Reforma Energética presentada por el Ejecutivo, y eliminaron constitucionalmente la propiedad de la nación sobre la infraestructura y recursos energéticos de sus monopolios estatales de la electricidad e hidrocarburos. Las empresas privadas extranjeras y nacionales, podrán realizar todas las funciones productivas antes exclusivas de las paraestatales, reducidas hoy a su mínima expresión. Como excepción la Constitución actual señala la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos en el subsuelo, sin reparar en que por deficiencia regulatoria la extracción privada podría apropiarse de la mayor parte de los remanentes. Se apresuran a dar trámite a tres problemas fundamentales que debieron abordar con claridad desde la propuesta de reforma: Cómo habrán de cubrirse los pasivos laborales de 250 miles de trabajadores activos y 80 mil jubilados, estimados en 1.8 billones de pesos. Cómo se pagará la deuda pidiregas que implicará cubrir en 25 años 4.0 billones pesos. Y cuál será el destino de los activos: De Pemex (los pozos, las plataformas petroleras, redes de ductos, refinerías, plantas petroquímicas, estaciones de compresión, centros de procesamiento de gas, y gasolineras); y de CFE (Plantas Generadoras, Líneas, Subestaciones y redes de distribución); y precisar legalmente cuáles activos continúan perteneciendo a la nación, los que se transferirán a las empresas privadas, a título gratuito, o se venderán, o se les cobrará una renta por su uso.

Recientemente el Congreso decidió convertir en deuda pública los pasivos laborales estimados en 1.8 billones. Aproximadamente una tercera parte se destinará a cubrir las pensiones de 80 miles de trabajadores jubilados, monto que por la propia expectativa de vida, en su mayor parte se ejercerá en 15 años. De los 250 miles de trabajadores activos, solamente existe materia de trabajo para una tercera parte de ellos en las empresas productivas del estado; el resto deberán ser liquidados conforme a la ley, y existirá el incentivo para una parte de ellos a ser recontratados por las nuevas empresas privadas, con otro nivel de sueldos y prestaciones. Aprovechando su experiencia en la liquidación de trabajadores de LFC, el gobierno federal intentará gastar solamente una cuarta parte de 1.2 billones de pesos estimados para este rubro. Si existía realmente en el Congreso la intención nacionalista al realizar la reforma energética, los impuestos que recaude el gobierno de las empresas privadas extranjeras y nacionales que exploten los energéticos, deberían ser suficientes para atender los gastos derivados de estos pasivos laborales.

La deuda pidiregas es de casi 4 billones de pesos: Corresponde a 100 miles de millones de dólares recibidos en su mayor parte en el sexenio anterior, para pagarse en 25 años con una tasa anual de descuento de 12.5%, en una época en que mundialmente un interés bancario de 5% hubiese sido excesivo. En el caso de Pemex se destinó a cubrir el gasto de extracción del petróleo, para maximizar los impuestos de aprovechamiento transferidos a Hacienda. A CFE le corresponde una décima parte de esa deuda, destinada a cubrir la expansión del sistema de transmisión y algunas plantas generadoras. Asumir esta deuda como pública no atiende al interés de todos los mexicanos, que esperaríamos la renegociación de la misma a una tasa anual menor del 5%, y que al igual que los pasivos laborales debería ser cubierta con los impuestos que se recauden de las empresas privadas extranjeras y nacionales que explotarán los energéticos.

Los activos de transmisión y distribución, que integran el sistema eléctrico que pertenece a la nación, implican un millón de kilómetros de líneas y 230,000 MVA de capacidad de subestaciones; una parte importante de este sistema será utilizado por los generadores privados que suministrarán electricidad en un mercado abierto a 300 miles de empresas, que consumen el 60 % de la energía total nacional, y deberían cubrir a la nación el costo proporcional de la energía transmitida (en promedio $0.70/KWH). El mayor activo de Pemex son sus reservas probadas de hidrocarburos porque implican un remanente factible de 16 billones de pesos para la nación. El resto de la infraestructura de Pemex tiene un valor importante, porque a manera de ejemplo 38 miles de kilómetros de ductos de transporte de hidrocarburos cuestan 1.5 billones de pesos, y es también en este rubro que las empresas privadas deberán pagar una renta a la nación por el uso de toda esa infraestructura.

El Gobernador del Estado de California de la Unión Americana recomendó recientemente al Gobierno y al Congreso “mano dura para regular las empresas petroleras y eléctricas, o se los van a comer vivos”. Y los mexicanos nos resistimos a aceptar que la reforma pretendía únicamente allanar el camino para que las trasnacionales se apropien de la renta energética nacional, y por tanto les preguntamos a los Diputados y Senadores:

 ¿Se recaudarán impuestos acordes con la renta que produzca la explotación energética?  ¿Se le cobrarán a las empresas privadas los precios justos por utilizar la infraestructura energética que pertenece a la nación? ¿Se lograrán remanentes importantes para todos los mexicanos por la extracción de los hidrocarburos del subsuelo?

Monterrey N.L. 2 de agosto de 2014