La gráfica que aparece en este artículo ha sido publicada con datos proporcionados por el INEGI y contiene los datos oficiales de los homicidios cometidos en territorio mexicano por cada 100 mil habitantes desde 1930 hasta el 2014, con y sin los homicidios dolosos del crimen organizado.
Según la gráfica es evidente que las matanzas post revolucionarias continuaron hasta 1950 con cifras que variaban de 70 a 50 homicidios por cada 100 mil habitantes. Y a partir de entonces empezaron a disminuir hasta un mínimo 10 homicidios por 100 mil habitantes en el año de 1968. Luego se mantuvo en una cifra entre 15 y 20 homicidios hasta 1992 y empezó a caer hasta llegar a 10 en el 2006 que fue cuando salió a la calle el crimen organizado en México. En la gráfica puede verse que sin contar los homicidios del crimen organizado, el promedio de homicidios por cada 100 mil habitantes se mantiene en 10.
El mayor repunte de homicidios del crimen organizado se ubica entre el 2006 y el 2010, cuando el entonces presidente de México, Felipe Calderón, totalmente al servicio de los Estados Unidos decretó una guerra frontal al crimen organizado que ha causado la más grande matanza en la historia del México actual. Cuando Buscaglia estuvo al frente de la lucha contra las drogas en los Estados Unidos hizo del conocimiento público que todo el dinero que generaba la venta de drogas en los Estados Unidos estaba controlado por un departamento al servicio exclusivo del Presidente en turno, sin que los otros poderes tuviesen acceso a esa enorme fuente de ingresos. Asimismo señalaba que el poder legislativo y los altos funcionarios del Pentágono habían decidido que el combate a los carteles de la droga se realizaran fuera del territorio estadounidense, ya que las experiencias del pasado les mostraban que los costos políticos y financieros habían sido desorbitados.
Esto ha conducido a que tanto la DEA como la CIA se hayan establecido con todo género de instalaciones y de personal a su servicio en México, sin que las autoridades mexicanas y las altas élites empresariales hayan insinuado el más mínimo deseo de controlarlas y menos aún de echarlas fuera del País. Continúa la burla de la Iniciativa Mérida que no es sino la institución estadounidense que financia todo el espionaje y el manejo de las drogas en México y en Centroamérica. Ya que Colombia cuenta con su propia oficina de control y lo mismo sucede con la mayoría de los países de Latinoamérica y del Caribe que están bajo su dominio. Mientras que la situación se ha recrudecido con los golpes de estado patrocinados por Washington en Brasil y en Argentina.
No hay duda que México ha estado bajo el dominio total de los Estados Unidos desde principios de los años cincuenta y que solo logró algunos avances durante las décadas entre los años cincuenta y setenta, debido a que se establecieron empresas estadounidenses en México que generaron una clase media importante, pero todo se acabó a partir de los años ochenta cuando se instaló el neoliberalismo en todo el mundo occidental y el Consenso de Washington dictó la política económica y financiera global, particularmente funesta para sus colonias más cercanas, como es el caso de México.
Ante esta realidad expuesta con toda claridad en la gráfica del INEGI y ante la inminente continuidad de este proceso de dominio solo queda tratar de evitar una revolución con hechos violentos y pensar en las posibles coyunturas que permitan aminorar el sufrimiento de las clases populares mexicanas proporcionando nuevas fuentes de empleo a la gran cantidad de población que sobrevive en condiciones eventuales de trabajo o en un nivel de pobreza tan alto que apenas le permite sobrevivir, sin tener acceso a la salud, a la educación fundamental y ni siquiera a los más mínimos niveles de derechos humanos fundamentales, de higiene y de seguridad.
Si a la tragedia nacional que publica la INEGI sobre los índices de homicidios en México se le añaden los datos de ese mismo organismo que señalan el crecimiento de la población en condiciones de pobreza que según CONEVAL ya alcanza 52 millones, no queda otra opción que la búsqueda inmediata de fuentes de trabajo para la clase popular, de modo que por lo menos se consiga la contratación de la mitad de esa fuerza laboral que ahora está desocupada y sigue multiplicándose a mayor velocidad que quiénes tienen ingresos suficientes para vivir con dignidad.
La falta de capacidad para dirigir a un país de pobres mediante una élite de hijos de ricos y de políticos ha sido tan alta en los últimos años que la cantidad de empleados que cubren los requisitos fiscales, laborales y sociales en México apenas alcanza a los 17 millones en un universo de casi 90 millones de mexicanos de población mayores de 15 años y en condiciones de trabajar. Por fortuna el desarrollo inesperado de la industria automotriz, la industria turística y la infinidad de actividades de manufactura artesanales que se reabren con la brusca caída de China pueden cambiar el futuro inmediato de México, siempre y cuando nuestros dirigentes políticos no obstruyan esos caminos siguiendo las prácticas fiscales, financieras y laborales que les impone Washington.
Adenda: Entre las disposiciones de Washington que podrían bloquear el desarrollo inmediato de México está la firma oculta y obligada del Tratado Transpacífico (TPP) que otorga a las grandes transnacionales de Occidente el derecho a establecer las políticas comerciales y financieras en todas las naciones con litorales en el Pacífico. El uso de los paraísos fiscales de los Estados Unidos y de la zona del Caribe para controlar el capital circulante y la permanencia del dólar como divisa de cambio mundial.