Hacia un Estado Abierto

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En el presente mundo digital está a la vista el concepto de un Gobierno Abierto en los Estados democráticos de Occidente. Durante los últimos años del Siglo 20 esta idea se refería al nivel de acceso y de libertad de información asociada con la publicidad y con las diversas actividades del Gobierno. De hecho, este término es una redundancia, si se considera que en una ‘democracia representativa’ la apertura del Estado hacia sus ciudadanos forma parte de su principal característica y significado etimológico. Debido al rápido crecimiento de Internet y de las tecnologías digitales durante los últimos años, cada día crece la idea de incrementar los niveles de transparencia, de promoción de la participación ciudadana y de colaboración entre las instituciones públicas, los organismos de la sociedad civil y los del sector privado.

Mediante el ´Memorándum sobre Transparencia y Gobierno Abierto’ promulgado por el Presidente Obama en el 2009 se contempla el Gobierno ‘Abierto’ en tres ejes: la transparencia, la colaboración y la participación ciudadana donde se especificaba que un gobierno transparente promueve la rendición de cuentas, permitiendo a los ciudadanos realizar un control sencillo de las acciones del Gobierno, así como de crear reportes económicos y sociales a partir de los documentos oficiales del Gobierno, involucrando a los ciudadanos en el trabajo de la administración pública. Además de hacer participar a las empresas y a las organizaciones no gubernamentales para enriquecer el conocimiento y las vivencias externas de los funcionarios del Gobierno.

Se considera un Gobierno ‘Abierto’ al que está centrado en las necesidades de los ciudadanos e impulsa interacciones entre los funcionarios públicos y los ciudadanos, políticos, organismos públicos de los diferentes poderes y niveles de gobierno, grupos de ong´s y organismos privados con interés en la política. No obstante, hay que aclarar que el ‘Open Government’ debiera traducirse como ‘Estado Abierto’, ya que no se refiere solamente al poder ejecutivo del Estado, sino que implica ampliar los niveles de transparencia, participación y colaboración en todos los poderes del Estado.

Debido a que el concepto de ‘Gobierno Abierto’ surgió en los Estados Unidos, su eje fundamental de la ‘inclusión’ no se ha considerado aún en la mayoría de las naciones latinoamericanas en función de su inferior desarrollo en las tecnologías digitales, tanto para los servicios públicos como para fomentar la participación y colaboración de los ciudadanos con el Estado. Además de contar con un nivel promedio de ingresos considerablemente menor a los estadounidenses que no les permite el acceso a los medios digitales más costosos y más modernos.

La condición fundamental para que exista un Gobierno Abierto no radica solamente en la implementación de políticas tecnológicas o de manejo digital, ni se trata de contar con una normativa que permita el acceso a la información pública, ni a la existencia de sitios públicos para que el ciudadano pueda realizar consultas, demandas o transacciones directas con las instituciones del Estado. Para llevar a cabo esta idea se requiere que todos los actores involucrados en las políticas públicas tengan profundos cambios culturales en su gestión como funcionarios públicos aceptando la participación directa de los ciudadanos y promoviendo el trabajo en red en el Estado.

La Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) es una iniciativa de varios países y ong’s que fue presentada el 20 de septiembre del 2011 en Nueva York, como una iniciativa de varios países en la Asamblea XLVI de las Naciones Unidas encabezada por la Presidenta de Brasil Dilma Rousseff y la entonces Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hilary Clinton. En dicha iniciativa se plantea crear ‘compromisos concretos’ de los Gobiernos de varios países para promover la apertura y la transparencia del Gobierno, así como aumentar la participación ciudadana en el debate, la formulación de políticas y las decisiones en los asuntos públicos, combatir la corrupción, facilitar la rendición de cuentas y aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar la gobernanza democrática y la calidad de los servicios públicos.

Por desgracia, en la mayoría de los Gobiernos de Latinoamérica se han presentado fuertes conflictos políticos y económicos internos en los últimos dos años y no han sido definidos por la OGP (Open Government Partnership) los caminos potenciales planteados por dicho organismo desde hace casi cuatro años. Mientras que va surgiendo una disputa oculta a medias entre China y los Estados Unidos por el control de los territorios de Latinoamérica y su enorme capacidad para generar commodities, energéticos, minerales de alto valor y productos alimenticios de uso general. De los 64 países que conforman la OGP, América Latina aporta la mayor parte con 14 que aún no saben como actuar para que sus naciones lleguen a ser Estados Abiertos.

Pero el hecho más desconcertante – en apariencia – de los países que pretenden abrir más a sus Gobiernos es que todos ellos son supuestos Estados democráticos, donde existe la libertad de pensar para sus ciudadanos y la libertad de organizar a sus instituciones públicas para los políticos y funcionarios públicos. Mientras que en las dictaduras, monarquías, autarquías y diversos híbridos políticos del mundo ni siquiera se plantea el hecho de liberar un poquito a los ciudadanos del aparato brutal del Estado.

Quizá sea debido a que en dichos países los hechos demuestran un crecimiento de su clase media y una considerable disminución de sus clases populares viviendo en condiciones precarias. O quizá ocurre una diferencia total entre los paradigmas de los países de Occidente y los del nuevo eje mundial que se ha formado entre Europa, Asia y Oceanía que les permite ser felices sin contar con grandes ingresos y obtener los bienes materiales que trastornan a Occidente.

Adenda: Lo más difícil de comprender de este fenómeno político global es que la mayoría de los países de Occidente están tomando el rumbo de las derechas políticas más radicales, con implicaciones de racismo y de criterios mitológicos obsoletos, similares a los que antecedieron al fascismo en Europa a principios del Siglo 20.