La Nueva Revolución Mexicana

La multitud de movilizaciones y de expresiones populares en la Cd. de México, en muchas otras ciudades del País y en países extranjeros en contra de los cruentos y bárbaros crímenes de Estado en el Gobierno de Peña Nieto señalan la crispación de la población pobre de México y el desarrollo incontrolable de una insurgencia social en contra de un Gobierno Federal que no ha tenido la capacidad para resolver el galimatías de una nación que no ha sido capaz de crecer y de vivir en armonía desde que perdió su autonomía en los años ochenta, cuando los Estados Unidos emitieron las reglas para gobernar a sus naciones subordinadas en el documento conocido como 'Consenso de Washington' y en combinación con algunos monopolios mexicanos encabezados por Televisa (el consorcio televisivo de mayor poder y 'rating' en la América de habla hispana) empezaron a seleccionar a los funcionarios públicos que dirigirían al Gobierno Federal de México.

A partir de entonces, los planteles de todos los Gobiernos Federales de México han estado integrados por personajes que habían realizado sus carreras profesionales bajo el criterio estadounidense de las universidades, empresas, instituciones financieras, bélicas, educativas y de todo género que impusieron a los futuros funcionario públicos una visión del mundo que se consideraba perfecta, ya que había conducido a su nación a ser el líder absoluto del mundo durante poco más de un siglo. Aunque es inobjetable esta realidad histórica, no hay duda de que esos criterios no eran aplicables a la nación mexicana, e inclusive eran notoriamente perjudiciales, ya que se aplicaban a un país totalmente distinto y con una población mestiza proclive a ser dominada por extranjeros de etnias de piel blanca a quiénes siempre han considerado superiores.

Al grave conflicto que significó para el país mexicano ser gobernado durante varias décadas por personajes apátridas y convencidos de la superioridad de una sociedad con una historia y paradigmas muy diferentes a la mexicana hubo de añadirse el surgimiento de la 'economía criminal' que había nacido a raíz del creciente mercado de la 'droga cara' (cocaína) en los Estados Unidos, cuyo control lo había tomado directamente la Secretaría Privada del Presidente en turno, que empezó a recibir las enormes ganancias de los capos de la droga para ser utilizadas en todas las maniobras ocultas de la Presidencia, principalmente las referentes a la venta de armas al extranjero, el sistema de inteligencia privada del Presidente en turno y los procesos electorales nacionales. Según Buscaglia, reconocido experto en economía criminal de la ONU, desde principios de los noventas hasta el presente existe un mercado de aproximadamente 350 mil millonarios drogadictos en Estados Unidos que consumen un promedio de 1.5 gramos diarios de cocaína de alta calidad a un promedio de 80 dólares el gramo que le significa al Presidente en turno un ingreso diario de 42 millones de dólares, sin dar cuenta a las demás instituciones del Gobierno Federal estadounidense.

Aun cuando esa droga en particular fue la base financiera para generar un enorme y rápido desarrollo de la economía criminal en México, hubo un gran detonador cuando Colombia dejó de producirla en un alto grado y cedió ese negocio a los capos mexicanos que desde hace poco más de una década empezaron a producirla y a enviarla a los Estados Unidos. Eso significó el crecimiento del empleo de mano de obra rural y que todo tipo de personas sin oficio fuesen utilizados en la cosecha, selección, refinación y labores de distribución de la droga, así como de elementos administrativos, sicarios y lavadores del dinero en dólares que crearon muy diversos géneros de empresas irregulares para legalizar y hacer crecer las enormes riquezas que les había producido la venta de esa droga de tan alto precio.

Por razones obvias, al crearse todas estas empresas financiadas con dinero procedente del narcotráfico, sus directivos eran individuos que además de tener una considerable formación profesional en la administración empresarial y en los asuntos jurídicos, tenían una buena relación con los funcionarios públicos que estaban a cargo de las administraciones públicas, desde el nivel municipal hasta el federal. De ahí surgió gran parte del grave conflicto social actual, ya que las ganancias generadas tenían que ser compartidas con los funcionarios públicos, quiénes las ocultaban o las legalizaban con procedimientos jurídicos. En la actualidad la contribución de dichas empresas 'chuecas' al PIB nacional es desconocida, pero puede evaluarse en forma indirecta mediante la elaboración de un censo aproximado de la población económicamente activa sin registro fiscal y sin acceso a los beneficios sociales.

De acuerdo a las últimas estimaciones del INEGI en septiembre del presente año, la PEA (población económicamente activa) de México era de 58.84 millones de personas mayores de 14 años de una población total de alrededor de 120 millones. Dentro del sistema fiscal vigente se encuentran alrededor de 37 millones – a las que se tendría que rebajar cerca de 8 millones que trabajan para la burocracia nacional) y en la economía informal una cifra cercana a los 28 millones de personas que en buena parte son empleados de la 'economía criminal' o se dedican a actividades legales muy diversas, pero que les generan muy pocas ganancias que no alcanzan para pagar al fisco y menos aún a las instituciones de salud, educación media y a las que prestan otros servicios públicos.

Es completamente entendible que en México se haya gestado una insurgencia revolucionaria, ya que el ingreso per cápita de su población apenas es ligeramente mayor al de Haití, uno de los cuatro países más pobres del mundo, su clase media está desapareciendo y el número de sus trabajadores con prestaciones sociales es similar al de quiénes no cuentan con ingresos suficientes para sobrevivir.

Adenda: Es obvio que los mexicanos desempleados se contraten con la economía criminal que ofrece puestos de trabajo a los desempleados sin oficio alguno y que se acerquen a las escuelas normales rurales para lograr un mínimo de ingresos que les permita sobrevivir. Se justifica por completo su indignación y crispación actual, por la torpe actitud del Gobierno Federal de combatir a los dos últimos reductos de la clase social más desprotegida de México. También se puede entender la indiferencia e incomprensión del conflicto por las clases sociales superiores, ya que nunca han sabido lo que es el hambre y nunca han sido tratados con violencia y con crueldad.