Consolidación Fiscal: privilegio para multimillonarios

 ponchotelmex

Desde que existían los gobiernos priístas hasta el presente de las dos administraciones panistas ha existido un mecanismo de tributación fiscal que privilegia a los grandes empresarios mexicanos y extranjeros, pero sólo a quiénes poseen la capacidad de formar grupos empresariales muy poderosos. Esta situación de iniquidad e injusticia se ha visto incrementada por los dos últimos gobiernos panistas y particularmente por el gobierno de Calderón, quién hizo increíbles maniobras para disfrutar del apoyo total de los dueños de los poderes fácticos en México que lo llevaron a la Presidencia y ahora intentan hacerlo con Peña Nieto.

El Régimen de Consolidación Fiscal es un mecanismo previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta en sus artículos 64 al 78, donde se permite que un grupo de empresas o negocios se agrupen y sean controlados por una sociedad que los representa a todos llamada 'holding' para ser tratados como una sola empresa para el propósito del pago de impuestos, aunque dichas empresas conservan su independencia y personalidad jurídica para cualquier otro fin que no sea el tributario.

En este régimen cada empresa del 'holding' debe determinar su resultado fiscal en forma individual y luego la sociedad controladora suma o resta las utilidades o pérdidas fiscales en proporción a su participación accionaria y así aumenta o disminuye su propia utilidad o pérdida fiscal a la cuál le resta los pagos provisionales realizados y se obtiene un saldo a favor o en contra. Toda esta complicada e innicua maniobra se sustenta en un supuesto propósito de simplificar las operaciones fiscales.

No obstante, en la realidad es un mecanismo que se utiliza por las grandes empresas para eludir o disminuir en alto grado el pago de impuestos y por el Estado para sobornar a los grupos de poder económico más importantes. Después de varias modificaciones a esta ley en 1982 y en 1999, tratando de acotar las deducciones, para el 2005 se permitieron de nuevo la consolidación de pérdidas y utilidades al 100% de la participación accionaria de la empresa controladora de las demás sociedades bajo su control.

Estos privilegios tributarios para las grandes empresas han ocasionado que no exista una distribución equitativa del ingreso nacional en perjuicio de los sectores más pobres y en detrimento del ingreso fiscal, determinando que México sea una de las naciones con más bajo ingreso fiscal en el mundo en relación con su PIB. Por otra parte, las empresas aportan entre el 55 y el 60% del ingreso nacional bruto (PIB) y su pago del ISR apenas ha sido de un 2.5% promedio del PIB en los últimos 8 años, mientras que la contribución de los asalariados del 25% del PIB nacional se traduce en casi el 2.2% del total de su aportación tributaria.

En el último reporte de la Secretaría de Hacienda en el 2010, las empresas nacionales pagaron 246 mil 745 millones de pesos por concepto de ISR, mientras los asalariados contribuyeron con 298 mil 148 millones de pesos. Una cifra que expresa claramente la iniquidad que genera el régimen de Consolidación Fiscal.

Frente a la gran crisis financiera actual es evidente que el Gobierno Federal de Calderón no ha sabido tomar las medidas fiscales adecuadas, ya que solo ha protegido los intereses de un grupo selecto de personas y empresas en detrimento de la sociedad mexicana en su conjunto. Solamente las necesidades de la economía nacional para desarrollo social y para la infraestructura económica son muy superiores a la recaudación de impuestos actual, por lo que dichas necesidades han tenido que ser cubiertas con los ingresos petroleros que a final de cuentas representan la venta de activos no renovables.

Con el pretexto de corregir esa situación, el Gobierno de Calderón, en contubernio con el PRI logró incrementar la mayoría de los impuestos que cobra la Federación en el 2009, añadiendo alzas en los precios de energéticos, gasolinas, tarifas eléctricas y telecomunicaciones. Justo al contrario de lo que sucede en otras naciones que bajan los impuestos para fomentar el consumo interno. Tal como sucede en Estados Unidos, Argentina y Brasil, aunque también los países europeos han estado diseñando impuestos especiales para las grandes fortunas, exactamente al revés de lo que han hecho Calderón y Fox.

Por el contrario, en México se han incrementado los privilegios fiscales para las grandes empresas mediante el régimen de Consolidación Fiscal, la depreciación de activos fijos y del costo de las adquisiciones de terrenos, de las operaciones en la Bolsa de Valores, así como de donativos y obras filantrópicas, por lo que será muy difícil que en los hechos dicho aumento impositivo logre reflejarse en el ingreso nacional tributario.

Esta situación de privilegios fiscales a los grandes empresarios fue oficialmente reconocida por las autoridades hacendarias hasta el 8 de septiembre del 2009, cuando la Secretaría de Hacienda entregó documentos a la Cámara de Diputados en los que textualmente decía: 'Actualmente existen 4862 empresas que se consolidan en 422 grupos (holdings) para efectos fiscales. Sin embargo, en 2008, el pago por concepto del ISR individual y consolidado más el IETU que efectuaron estas empresas y los grupos que las consolidan, apenas representó el 1.78% del total de ingresos declarados para el ejercicio fiscal del 2007?

En octubre del 2010 el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le entregó una nota a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en la que señalaba que de no existir el régimen de Consolidación Fiscal, la recaudación hubiera sido de 850 mil millones de pesos. Muchas veces más la pingüe recaudación logrado bajo este injusto régimen tributario.

Según reporte de la Bolsa de Valores, en el 2004, tan sólo diez grupos empresariales presentaron impuestos diferidos por un total de 72 mil 137 millones de pesos, de los que Cemex contribuía con (12,302); Telcel (6400); Femsa-CocaCola (4300); Telmex (18400); Bimbo (1713); Carso(8891); Grupo Maseca (891); Wall Mart (5133); Coppel (2184); Alfa(5137) y Grupo México (6500). No obstante, las proyecciones de recaudación de la SHCP para ese año eran de sólo 16,000 millones de pesos. De modo que la gran farsa del Gobierno Federal de intentar modificar el régimen fiscal cobrando el 60% de los impuestos diferidos por las grandes empresas quedó en una tímida y escuálida reforma de cobrar sólo el 25% de los impuestos diferidos que aprobaron en el Congreso PAN y PRI, sin el apoyo de otra representación partidaria.

A pesar del gran atraco del 2009, en abril del 2010 la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público) publicó la denominada 'IV Resolución Miscelánea Fiscal' que estableció una nueva metodología para que las empresas calcularan sus impuestos diferidos, permitiendo que estos 'holdings' pagaran aún menos de lo establecido en la Ley de Ingresos, reduciendo en un 90% los impuestos que pagarían estos 422 grupos selectos. Aunque las misceláneas fiscales no requieren de la aprobación de los diputados, todas estas maniobras se han realizado a espaldas del Congreso, pero siempre en beneficio de las grandes fortunas nacionales y extranjeras que constituyen los 'poderes fácticos' detrás del Gobierno en turno.

Los últimos reportes disponibles de los privilegios fiscales a las empresas monopólicas y poderosas data del primer semestre del 2010, a partir del cuál se han complicado los asuntos en el Congreso, ya que los partidos de izquierda solicitan el derogamiento de estos injustos privilegios, pero aún puede saberse que solo entre las treinta empresas más conocidas, como Cemex, Telcel, Telmex, Grupo México, Kimberly Clark, Femsa, Bimbo, Grupo Carso, Grupo Posadas, Wall Mart, Grupo Saba, Ahmsa, Alfa, Bachoco, Gigante, Herdes, La Moderna, Televisa, Inbursa, Palacio de Hierro y Liverpool obtuvieron ingresos por 1 billón, 14,983 millones de pesos y pagaron impuestos por solo 45,374 millones de pesos equivalente a sólo el 4.48 de sus ventas. Más no conformes presentaron impuestos diferidos por 130,265 millones de pesos que resultaron 2.8 veces superiores a lo que pagaron de impuestos.

No hay duda, de que la derogación de estos privilegios legales para los multimillonarios se ha convertido en una urgencia política antes de que ocurra una violenta movilización social en México que salga del control de la disminuida fuerza policial del Estado.

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